Fabra asume que habrá que indemnizar a los gestores de Castor por la paralización
El presidente acepta debatir sobre el aforamiento si se debate la reducción de diputados
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, asumió ayer que el Gobierno tendrá que indemnizar a los gestores del almacén submarino de gas Castor tras la paralización del proyecto.
En su penúltima sesión de control en las Cortes antes de las vacaciones estivales, Fabra contestó al portavoz de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, sobre las políticas medioambientales del Consell. Fabra aseguró, respecto al proyecto Castor, que no consentirá “que, en ningún caso, se ponga en riesgo lo que es la seguridad de los ciudadanos ni el medio ambiente”.
Para el jefe del Consell, el proyecto Castor debe ser paralizado si los informes vinculan la actividad de la planta con los movimientos sísmicos de la zona. “Pese a quien pese y a los intereses posteriores que pueda haber de necesidad de indemnización de una infraestructura que ha costado 1.800 millones de euros a todos los españoles y que habrá que indemnizar, claro”, manifestó el presidente de la Generalitat.
Durante la sesión de control, el presidente también fue interpelado por la corrupción y la conveniencia de retirar el aforamiento a muchos de los cargos que ahora tienen este privilegio. Fabra indicó que no tiene ningún problema en debatir sobre el aforamiento, siempre y cuando se debata también sobre la reducción del número de diputados y la elección directa de la mayor parte de los parlamentarios por circunscripciones comarcales. Unas materias sobre las que el Consell tiene un proyecto de ley pendiente de discusión. Así lo indicó el vicepresidente Ciscar, que anunció que enmendarán una propuesta de Compromís para eliminar el aforamiento de los diputados autonómicos en el Estatut d’Autonomía. En el debate, Fabra también fue interpelado por el portavoz socialista, Antonio Torres, sobre las medidas del Consell para paliar la situación de pobreza que padecen muchas personas. El jefe del Consell indicó que, en colaboración con ayuntamientos y entidades, se prevé destinar 1,2 millones para garantizar la alimentación a los menores este verano.
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