El tribunal rechaza enviar a la cárcel a Blasco y le pone 200.000 euros de fianza

Anticorrupción había pedido para él prisión incondicional por el saqueo de la cooperación La fiscalía solicitaba, alternativamente, que depositase dos millones de euros

El exconsejero Rafael Blasco a su salida del TSJ tras conocer la propuesta de medidas cautelares por parte de fiscalía.
El exconsejero Rafael Blasco a su salida del TSJ tras conocer la propuesta de medidas cautelares por parte de fiscalía.juan carlos cárdenas (efe)

Los jueces del Tribunal Superior valenciano han impuesto una fianza de 200.000 euros a Rafael Blasco, exconsejero en numerosos Gobiernos de la Generalitat, por el saqueo de los fondos de cooperación.

Blasco deberá comparecer semanalmente en el tribunal, se le prohibe salir de España y deberá hacer entrega de su pasaporte. Tiene para hacerlo 48 horas o será recluido en prisión. Los magistrados desoyen la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado para él la prisión incondicional inmediata o, en caso de que los jueces no lo aceptaran, una fianza de dos millones de euros por riesgo de fuga. La fiscalía razonaba que Blasco, hábil estratega político del PP valenciano sentenciado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación como director de la trama, podía considerar que no perdía nada intentando escapar.

Además de la sentencia ya conocida, Blasco tiene por delante otros dos juicios por la actividad que entre 2009 y 2011 desplegó una trama que se infiltró en el mundo de la cooperación a pesar de sentir un escaso aprecio por la ayuda al desarrollo. Sus miembros fueron grabados por la policía llamando 'Negrolandia' a los países de destino de las subvenciones desviadas y 'negratas' a los beneficiarios defraudados. A Blasco, que empezó su carrera en la izquierda maoísta, fue expulsado del PSPV-PSOE y 20 años después forzado a abandonar el PP, la fiscalía le investiga además por su etapa al frente de Sanidad.

Su ingreso en prisión se da por seguro, pero solo una vez que la sentencia sea firme. Por ahora cabe recurso al Supremo, que el exconsejero ha anunciado que apurará. Lo que la fiscalía quería asegurar era cumplirá la pena, adelantando su ingreso bajo la figura de la prisión provisional. Los magistrados consideran en la resolución emitida este martes, sin embargo, que la fianza "solicitada por las acusaciones resulta desproporcionada, no teniendo base alguna para pensar que llegue a tener un patrimonio suficiente para prestarla".

Ello a pesar de que los jueces resaltan que Blasco fue "el principal promotor" de la trama, "lo que no solo hace su conducta más grave aún si cabe, si no que le confiere un especial dominio del hecho, así como una serie de contactos y relaciones que pudieran facilitar una eventual elusión" de la condena. Y a pesar de que los magistrados añaden: "Puede que tuviera un profundo arraigo en nuestra comunidad por su vinculación política, pero actualmente la misma ha quedado rota tras su cese, por lo que si a ello unimos que pese a la investigación llevada a cabo no se le ha encontrado un especial patrimonio acorde a la posición que cabe presumirle, hace pensar en alguna suerte de ocultación, de la que pudiera seguirse algún intento de elusión de la acción de la justicia".

Ese "temor", prosigue, "no llega hasta el extremo de aconsejar su prisión inmediata e incondicional, pero si que justificaría la imposición de una fianza que le permitiera eludirla, pareciendo en este caso aconsejable el señalamiento de la cantidad de 200.000 euros". En el primer juicio del caso Cooperación fueron juzgadas nueve personas, todas las cuales han sido condenadas a un total de 43 años de cárcel.

El expresidente Camps y el exconsejero y exportavoz parlamentario del PP Blasco detrás, en las Cortes Valencianas, en 2010.
El expresidente Camps y el exconsejero y exportavoz parlamentario del PP Blasco detrás, en las Cortes Valencianas, en 2010.carles francesc

Los sentenciados formaban parte de una red tejida desde los despachos nobles del Gobierno valenciano durante la etapa del expresidente Francisco Camps, una de las poquísimas voces que ha defendido a Blasco tras la condena. Blasco se convirtió en el hombre fuerte de Camps durante los últimos dos años de su Gobierno, mientras su relación con otra trama corrupta, la de Francisco Correa, erosionaba su posición hasta forzarle a dimitir en julio de 2011. El expresidente le concedió las carteras de Solidaridad y Ciudadanía y Justicia, así como la portavocía del Grupo Popular en las Cortes.

El exconsejero, que ya se libró de otro juicio por corrupción en 1991, defendía entonces que Camps no debería dimitir ni aún en el supuesto de ser condenado en el caso de los trajes, ya que cabían recursos ante el Tribunal Supremo, el Constitucional e incluso tribunales internacionales. Él no resistió, sin embargo, la presión de los ocho años de condena y renunció al acta de diputado el 29 de mayo, un día después de conocer la sentencia.

Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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