“La mitad de la costa andaluza está destruida por decisiones políticas”

¿Por qué la Dirección General de Costas ha decidido invertir miles de euros en aportar arena cada año a la playa de Fuentebravía en El Puerto de Santa María y no en recuperar el desecado río Roche de Conil? En ningún documento oficial habrá contestación a esa pregunta. Tampoco ningún técnico asumirá la respuesta. Porque no depende de él. Ésta y todas las demás cuestiones que afectan a la gestión de la costa española y andaluza dependen de decisiones políticas. Es la conclusión que el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Cádiz, Juan Manuel Barragán (Cádiz, 1958), ha extraído tras un cuarto de siglo estudiando la gestión del litoral en el mundo.

“A diferencia de otros países, en España esas decisiones no se explican. Tampoco se coordinan o se buscan propuestas basadas en la cooperación. Y el problema es grave. El 50% de las costas está ya destruido”, sentencia el profesor citando datos del Ministerio de Medio Ambiente. Cree que hay medidas para conservar lo que tenemos e incluso recuperar parte de lo perdido. Y los Gobiernos tienen en su poder la decisión.

Barragán tiene tras de sí 25 años de trabajo en 20 países diferentes. En su libro Política y Gestión del litoral. Una nueva visión de la gestión integrada de áreas litorales (Editoral Tebar. 2014), presentado la semana pasada, ha querido resumir propuestas de cambio que sirvan para estudiantes, profesores, investigadores y políticos. Un manual de buenas prácticas. Porque cree que, sobre todo, en España faltan. “Cuando empecé a estudiar pensé que la gestión del litoral era algo científico y académico, que la dinámica natural era lo que marcaba la pauta y que después se tomaban decisiones políticas. Quizá todo era más sencillo y no había que esperar 25 años, pero ahora estoy convencido de que la lógica es la contraria. Son las decisiones políticas las que han marcado la evolución de nuestros ecosistemas”.

Son las políticas públicas, en palabras de Barragán, las que han cambiado las cosas y las que han venido a agravar la situación del litoral. Pero, “aunque ningún país es perfecto”, el catedrático está convencido de que en algunos estados sí se ha empezado a actuar de manera más efectiva para detener esta destrucción. “La gestión del litoral debe enfocarse a cómo se toman las decisiones. Si es algo político, ¿cómo se puede hacer para encontrar la mejor decisión?”. En su recorrido por el mundo descubrió los casos de Australia, Estados Unidos o Sudáfrica. Allí se han creado órganos de coordinación y cooperación. “El Gobierno central o federal se suele sentar en una misma mesa, en una especie de consejo costero, a todas las partes implicadas. Ahí están las regiones, los empresarios, los ecologistas. Y en ese marco se buscan soluciones y propuestas”.

Barragán destaca las políticas de transparencia de otros países donde las inversiones en la costa se explican y se publican para conocer por qué se actúa en unos proyectos y otros no. “En Estados Unidos el Gobierno federal financia las iniciativas cuando los estados presentan proyectos consensuados. Y, si decide acometer alguna inversión, pregunta a los estados qué les parece. Es una auténtica cultura federal. Y eso no existe en España aunque tengamos un sistema político similar”.

Barragán es muy crítico con la ley de Costas española y con su más reciente reforma. “No incluye ni un solo medio de coordinación, cooperación o transparencia”, lamenta. También cuestiona el papel de la comunidad andaluza porque recuerda que, junto a Cataluña, ya puede gestionar el dominio público marítimo terrestre, la zona posterior a la costa. “Andalucía debería asumir más responsabilidades. Cuenta con más de 20 agencias u organismos con competencias en el litoral pero no ha creado ni uno solo para coordinarlos”. El catedrático propone un consejo costero andaluz o un foro que permita divulgar aspectos de interés como la subida del nivel del mar.

Y la destrucción de la costa no es baladí. Lo resume en su libro recordando que el mar aporta gratuitamente servicios básicos de abastecimiento (alimentos, madera…), regulación (las dunas frenan la erosión, las praderas submarinas protegen de los efectos de las tormentas…) y cultura (las playas como zonas de ocio). Todo eso era gratis pero, al degradarse, los Gobiernos han tenido que invertir para compensar lo perdido. Barragán advierte de que la artificialidad de la costa no es rentable y puede agotarse el dinero. “Si acabamos con las playas, podemos construir piscinas. Si acabamos con los estuarios, podemos cultivar peces en piscifactorías. Pero vamos a pagar por lo que la naturaleza daba gratis”.

El catedrático recuerda que gran parte de la destrucción de la costa se hizo en pro del desarrollo y el empleo. “Un ejemplo. El litoral andaluz y español se llenó de apartamentos y casas a pie de playa para atraer millones de turistas. Y la conclusión es que medio siglo después la mitad de la costa está destruida y hay seis millones de parados”.