La Intervención General exculpa al Parlamento en el ‘caso ERE’

La Intervención General del Estado ha determinado que el Parlamento desconocía las supuestas irregularidades en la tramitación del fondo de los ERE, que la juez Mercedes Alaya considera ilegal. Los peritos del Ministerio de Hacienda descartan de este modo que los diputados de la Comisión de Hacienda conocieran, a partir de la documentación que manejaron, las inconveniencias de la partida 31L, que ya había censurado la Intervención de la Junta. “De la documentación analizada no se obtiene evidencia de la existencia de irregularidades en la presupuestación, o en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L”, subrayan los interventores en su informe.

El dictamen supone un alivio para los 51 diputados del PSOE, PP e IU que fueron señalados hace tres meses, pero un alivio relativo, ya que Alaya había adelantado que indiciariamente, no estimaba delictivo su conocimiento del fondo. Los peritos subrayan que en la documentación que manejaron los diputados se utiliza una terminología “críptica, imprecisa, generalista y a menudo equívoca”. El dictamen destaca la “indeterminación” sobre el órgano otorgante (si Empleo o la agencia Idea), “lo que impediría conocer (...) las irregularidades que se estaban produciendo” al margen del control de la Intervención de la Junta.

Los peritos matizan que el hecho de que la agencia Idea percibiera transferencias de financiación (cuyo uso inadecuado censura Alaya como ilegal) desde programas de la Consejería de Empleo “no supone evidencia suficiente de la existencia por ello de irregularidades en el proceso de concesión de subvenciones sociolaborales”.

La juez encargó a la Intervención General del Estado dos informes técnicos sobre el fondo, el primero de los cuales analizó la concesión de subvenciones sociolaborales y el segundo las funciones de la Cámara de Cuentas. Más adelante, la magistrada añadió el análisis de la Cuenta General y modificaciones presupuestarias relativas al fondo de los ERE. El motivo de esta última petición era “determinar qué pudo haber hecho la Cámara de Cuentas a la luz de dicha información [la incluida en la Cuenta General y los expedientes de modificaciones presupuestarias que mencionaban las partidas de los ERE]”. Y la conclusión llegó a las partes del caso ayer, tres meses después de la petición de la juez.

En paralelo, la juez ha requerido al Parlamento en un nuevo auto que le aporte “a la mayor brevedad posible” todas las enmiendas formuladas por los grupos políticos (PSOE, PP e IU) en relación a las leyes de Presupuestos y al fondo de los ERE, entre 2002 y 2009. Hace tres meses, Alaya incorporó a la Cámara andaluza entre las instituciones bajo su lupa, al igual que la Cámara de Cuentas, los sindicatos, Ayuntamientos o universidades, y comenzó a pedir información para precisar el grado de conocimiento de los diputados andaluces sobre el fondo de los ERE.

La resolución de la juez Alaya responde a un escrito del abogado Juan Carlos Alférez, para precisar el grado de conocimiento de los diputados sobre el fondo, cuyo presupuesto se debatió en la Comisión de Hacienda. Alaya se pronuncia al respecto y da parcialmente la razón al letrado, pese a las quejas de la Cámara por el aforamiento de sus diputados, expresadas esta primavera a través de los medios de comunicación y ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la contundente oposición de la fiscalía, que presentó un recurso para oponerse a Alaya.