Una juez ve indicios penales contra José Luis Sanz por contratos ficticios

La titular del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, Reyes de Flores, considera que existen indicios de delito contra José Luis Sanz, ex secretario general del PP andaluz y senador, por lo que se ha inhibido de la causa que instruye y la ha remitido al Tribunal Supremo, para que este analice el caso y decida si procede el procesamiento de este cargo aforado. “Existirían indicios que pudieran determinar la imputación del propio alcalde”, avanza la instructora en su auto del pasado 30 de abril, por posible malversación y prevaricación.

Sanz estuvo a punto de ser nombrado presidente del PP andaluz en su último congreso del pasado marzo, pero después de 19 meses como número dos y contar con el respaldo del anterior presidente Juan Ignacio Zoido y la secretaria general María Dolores de Cospedal, irrumpió en escena el elegido finalmente por Mariano Rajoy, Juan Manuel Moreno, y desbarató sus planes para figurar al frente del partido en Andalucía.

El auto desgrana con numerosos indicios la contratación supuestamente irregular por parte del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), presidido por Sanz, entre 2007 y 2011, por unos 2.000 euros al mes, con el actual concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, para la elaboración de informes, supuestamente inexistentes, sobre obras municipales. El total abonado a Campos fue 52.454 euros, pese a que el contrato firmado entre Sanz y su actual edil se estipuló para percibir 24.525 euros. “No existe documento de aprobación del gasto entre octubre de 2007 y mayo de 2008”, destaca la juez.

La policía investigó el asunto y las diligencias “ponen claramente de manifiesto que han sido elaborados [los informes] en el año 2013 con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas”, subraya la magistrada, basándose en el análisis de la Policía Científica, que certifica que los informes fueron borrados de un ordenador el pasado noviembre. La instructora destaca que “no se esclarece qué tareas realizaba cada mes para sustentar las facturas” el edil imputado. Campos trabajó asimismo para el Consistorio de Tomares entre 2010 y 2011, a través de una empresa contratada por el Plan E, pero ninguno de los técnicos municipales ni empresarios responsables han podido concretar ante la juez las funciones que ejerció el concejal durante su etapa como asesor.

La causa se inició tras una denuncia de la Fiscalía de Sevilla, y el pasado 9 de enero la Policía Judicial requisó dos ordenadores del Ayuntamiento, pertenecientes a Campos y a otra persona contratada en el área de Medio Ambiente, Juan David Bretones. En el ordenador de este último constaban archivos documentales y fotográficos con el nombre de Campos, “cuyo contenido coincide con las referencias a las fotografías aportadas por Campos” para justificar sus informes, según el auto. Un contenido generado en febrero de 2013 y borrado en noviembre. “Se cuestiona con ello la veracidad y legalidad de la contratación y de la facturación abonada por el Ayuntamiento al señor Campos”, concluye la juez. Junto a este edil están imputados Eloy Carmona, portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, y las concejales Pilar Domínguez y Mercedes Fuentes.

Mientras que los ediles imputados anunciaron que apelarán ante la Audiencia de Sevilla, el PSOE pidió la dimisión de Sanz. “El alcalde conocía todo lo que estaba sucediendo, sin descartar que fuera el artífice”, censuró la portavoz municipal Cristina Pérez. Este rechazó ayer ofrecer su versión sobre los indicios penales descritos por la juez.