El Gobierno regional no logra vender dos de sus sedes más importantes

La Comunidad calcula que este año obtendrá 600 millones de euros en la venta de edificios públicos. El pronóstico, incluido en los presupuestos de 2014 (de 17.060 millones), aparenta ser de lo más optimista. Las dificultades que el Gobierno regional tuvo el ejercicio anterior para deshacerse de parte de su patrimonio a cambio de liquidez así lo indican. Si en la Consejería de Economía y Hacienda proyectaban obtener en 2013 742 millones desprendiéndose de propiedades oficiales, el resultado fue mucho más crudo: solo se obtuvieron 240 millones, un tercio de lo esperado. El gatillazo inmobiliario se debió fundamentalmente al fracaso en la subasta de inmuebles. El Ejecutivo de Ignacio González señala que la revisión del objetivo de déficit, más asequible al pasar del 0,7% al 1,07%, relajó las previsiones y necesidades de cash del Gobierno.

Aun así, inasequible al desaliento, el Ejecutivo autonómico volvió a sacar a subasta el pasado viernes dos edificios cuya venta se está atragantando a la Comunidad, que los puso a la venta por primera vez en el mes de noviembre. El de más valor que repitió en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) es el edificio que tiene en el número 8 de la plaza de Chamberí y alberga la Dirección General de Presupuestos, Recursos Humanos y la Subdirección de Ordenación y Gestión del Juego, dependiente del consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio.

El tipo de licitación para pujar por el complejo, presentado a una segunda subasta pública, es 40.225.000 euros. Hace siete meses el precio de salida era de 42,2 millones de euros. En esa ocasión, los interesados en el edificio de ocho alturas y 12.000 metros cuadrados de Chamberí tuvieron hasta el 11 de diciembre para presentar sus ofertas, en sobre cerrado, en la empresa pública Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid (ARPROMA). Ahora tendrán de margen hasta el 17 de junio. Los licitadores también deberán constituir una garantía equivalente al 2,5% del tipo de licitación de la subasta. Justo la mitad que la exigida en la primera subasta fallida del edificio. De haberlo vendido, la Comunidad quería continuar en sus dependencias en un régimen de alquiler por un periodo de 10 años.

El caso de la Dirección General de Presupuestos, Recursos Humanos y la Subdirección de Ordenación y Gestión del Juego no es extraordinario. El mismo día salió a subasta, por tercera vez, la sede de la Dirección General de Consumo y el Instituto Regional de Arbitraje de Consumo en el número 35 de la calle General Díaz Polier, en el barrio de Salamanca. El inmueble, construido en 1950 y de casi 4.000 metros cuadrados repartidos en ocho plantas, tuvo a finales del pasado septiembre un precio de salida de 13,1 millones. El tipo de licitación actual del inmueble es dos millones menor que el original: 11.150.857,78 euros. Al igual que en el caso de la propiedad del Ejecutivo regional en la plaza de Chamberí, los licitadores deberán constituir una garantía equivalente al 2,5% del tipo de licitación de la subasta.

Según reflejó el anterior pliego de condiciones en este caso y otros cinco edificios, todos en la capital —el precio de venta del pack ascendía a 77 millones—, González se comprometía a arrendarlos durante 15 años tras formalizar su venta.

El Plan de Optimización Patrimonial de la Comunidad de Madrid contempla, dentro de la categoría de “enajenaciones en proceso” y “próximas enajenaciones”, una veintena de edificios, donde aparecen los mencionados y otros, como el número 13 de la Carrera de San Jerónimo. En esa dirección, a pocos pasos del Congreso de los Diputados, se encuentra la sede principal de la Consejería de Economía y Hacienda.

Frente a sus problemas para desprenderse de algunas de sus propiedades más emblemáticas, la Comunidad sí ha tenido éxito en otras operaciones. Por ejemplo, colocó por encima del precio de salida dos edificios en la Gran Vía: el número 18 (donde están, ya de alquiler, unas dependencias de la Consejería de Justicia), que salió por 15,6 millones y se vendió por 18,6 millones; y el número 3, el Registro General de la Comunidad (pasó de 6,3 millones a ocho).