Las orquídeas ganan a los vecinos en la Fabra i Coats

La gestión del Casal de Barri de Sant Andreu se complica cada día un poco más y va camino de convertirse en un nuevo problema para el Ayuntamiento de Barcelona. El pasado mes abril el concejal del distrito, Raimond Blasi, organizó un concurso público abierto a todas las entidades para encontrar el mejor proyecto para gestionar el Casal, que se ubicará en la antigua fábrica Fabra i Coats. “Somos el primer distrito de Barcelona en realizar un concurso para la gestión cívica de un espacio”, recordó ayer Blasi. Al concurso solo se presentaron dos entidades pero ninguno de los dos proyectos cumplía con los requisitos mínimos, según el concejal, de manera que el concurso se declaró desierto.

La decisión encendió a una de las dos entidades, La Harmonia, que lleva ocho años reclamando el espacio y cuenta con el apoyo de gran parte del tejido social de Sant Andreu, como la asociación de vecinos, las AMPA, varios colectivos como el 15-M, comerciantes y partidos políticos como el PSC, ICV-EUiA, ERC y la CUP. Los representantes de La Harmonia denunciaron que se había rechazado su proyecto por “criterios políticos”, presentaron alegaciones e incluso estudian presentar un recurso. Además, copiando el método utilizado por las entidades de Can Batlló, en Sants, hicieron público que el día 24 de mayo entrarían a la Fabra i Coats. “Escogimos ese día porqué es justo después del periodo de alegaciones”, explicó Ivan Altimira, del colectivo La Harmonia.

El pulso entre el concejal y el colectivo dio ayer un nuevo giro cuando el Ayuntamiento anunció que la nave ya tenía inquilinos. El distrito ha seleccionado —sin ningún concurso público— hasta 19 entidades que van desde la Asociación Catalana de Amigos de las Orquídeas a la Asociación Beach Tennis Catalunya. Según la nota de prensa enviada ayer, el distrito “sigue abierto a las propuestas de otras entidades”, en una clara referencia a La Harmonia, que ha quedado inicialmente excluída.

La gestión del espacio que usarían todas estas entidades se hará con personal del Ayuntamiento, según Blasi.

La cesión —además de haberse hecho finalmente a dedo— se ha producido antes de que finalizara el periodo de alegaciones. Blasi negó ayer rotundamente que este detalle implique que no se vayan a tener en cuenta las alegaciones presentadas formalmente por La Harmonia y aseguró a este diario que, si finalmente prosperan, les entregaría la gestión de la nave. Esto supondría, admite Blasi, que las 19 entidades ahora seleccionadas —que todavía no se han instalado— tendrían que buscarse otro lugar.

El concejal de Unió consideró que los miembros de La Harmonia “se equivocarían mucho” si cumplen su promesa de entrar el día 24 “ahora que ya hay actividades en la nave”. Aun así, reconoció que toda la actividad que ha habido hasta el momento ha sido la visita de una de las entidades para ver el espacio.

La nave en disputa ocupa 2.820 metros cuadrados, tiene cuatro plantas y su reforma ha costado 5,6 millones de euros. La nave forma parte de un gran complejo fabril que compró el Ayuntamiento de Barcelona por 50 millones de euros en el año 2005 a la inmobiliaria Renta Corporación, que la había adquirido tres meses antes.

Una parte de este complejo ya está ocupado por una nueva guardería y otra parte se utiliza para exposiciones y como fábrica de creación. Falta todavía la construcción de viviendas de protección oficial, un instituto y un colegio, pero ninguno de estos equipamientos tiene presupuesto asignado.

El conflicto entre La Harmonia y el distrito supera las fronteras de Sant Andreu y afecta también a Barcelona. El Ayuntamiento lleva mucho tiempo negociando con la Plataforma de Gestión Ciudadana para llegar a acuerdos que permitan a los vecinos gestionar sus equipamientos. “Una de las primeras pruebas era precisamente en La Harmonia”, explicó Lluís Rabell, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).

El presidente del grupo municipal de ICV-EUiA, Ricard Gomà, denunció ayer el “menosprecio absoluto” del alcalde Xavier Trias por “los acuerdos tomados con la Plataforma de Gestión Ciudadana. Gomà consideró la decisión del Gobierno de “hostil”.