La coalición de izquierdas resucita la reforma de la ley electoral andaluza

Pasado el ecuador de la legislatura sin que todavía se haya aprobado ni una sola de las 28 leyes acordadas en el pacto de gobierno de PSOE e Izquierda Unida, la coalición de izquierdas ha acordado resucitar el debate sobre la reforma de la ley Electoral de Andalucía. El compromiso adquirido por ambas formaciones implica la creación de un grupo de trabajo este mes que deberá emitir sus conclusiones antes de que acabe el año.

¿Eso significa que la izquierda va a modificar este mandato las reglas electorales? Los portavoces de los grupos socialista, Mario Jiménez, y de IU, José Antonio Castro, han eludido dar una respuesta monosilábica y contundente a esta pregunta. “Nuestra voluntad sincera y honesta es que haya una ley electoral esta legislatura”, afirma Castro, que ha recordado que los 12 diputados de IU son insuficientes para esta misión.

Jiménez, más ambiguo, ha condicionado la reforma a que se produzca “sí o sí un amplísimo consenso” parlamentario, es decir, con el Partido Popular, que tiene 50 de los 109 escaños de la Cámara frente a los 47 del PSOE. Los socialistas se proponen conseguir un apoyo “unánime” porque entienden que a las cuestiones que afectan a las reglas del juego democrático no pueden incumbir a una única formación. Sin embargo, no ha sido esta la posición mantenida por el PSOE en las dos últimas reformas de la ley electoral andaluza.

Un grupo de trabajo del Parlamento estudiará el cambio

En 2005, los socialistas introdujeron la obligatoriedad de que las candidaturas electorales fuera cremallera —presencia alterna de mujeres y hombres en la ordenación de la lista—. Entonces no les importó no contar con el apoyo del PP, que se abstuvo. A finales de la legislatura pasada, en noviembre de 2012, el PSOE de nuevo cambió la ley para declarar incompatible a los diputados con los alcaldes y presidente de la Diputación. Las dos modificaciones fueron recurridas por el PP al Tribunal Constitucional, quien dio el visto bueno a la primera y mantiene en suspenso la segunda.

Según Jiménez, el cambio que se persigue ahora es de mayor “trascendencia” y “calado” por lo que requiere un “consenso institucional que permita por unanimidad plantear” la reforma de la ley electoral.

Históricamente, los socialistas siempre se han resistido a ampliar el número de escaños. Todo lo contrario de lo que reclama su socio de Gobierno, que en otras legislaturas ha defendido, sin éxito alguno, incrementar de 109 a 135 los diputados a elegir. IU renuncia de partida a esta aspiración, porque entiende que no sería aceptada por la ciudadanía. Lo que persigue es una mejora del sistema de representación proporcional y corregir la aplicación de la ley D'hont de atribución de escaños. “Queremos reformar la ley electoral para que quienes acumularon 200.000 votos en las pasadas elecciones autonómicas no se queden fuera del Parlamento”, señala Castro.

IU enmarca el cambio en la tanda de propuestas de la coalición de izquierdas para la regeneración democrática, en la que incluyen las futuras leyes de transparencia —en tramitación parlamentaria— y de participación —aún en fase de anteproyecto—. “Aspiramos a que el voto no se pierda por las perversidades del actual sistema electoral”, señala.

IU persigue una mejora del sistema de representación proporcional

Las propuestas del PSOE se desconocen, aunque su portavoz ha vaticinado que la reforma situará a Andalucía “a la vanguardia de la transparencia”. El socialista ha sostenido que antes de hacer una concreción “exhaustiva” prefiere que el grupo de trabajo —en el que comparecerán expertos y asociaciones— estudie “con tranquilidad, sosiego, profundidad y rigor” los posibles cambios.

El grupo de trabajo nace ya con un año de retraso sobre las previsiones de la coalición de izquierdas, una demora que Castro ha achacado a las “dificultades objetivas” que han surgido durante la legislatura y no a la desgana del PSOE a introducir mejoras en la ley electoral.

No obstante, el portavoz de IU ha advertido que presentarán su propia iniciativa legislativa si al finalizar el grupo de trabajo, a final de año, no se consensúa un acuerdo. Sin el concurso del PSOE está condenada al fracaso.