El juez imputa al ‘número dos’ de Rita Barberá por los contratos de Nóos
Los socialistas le atribuyen un papel determinante en los convenios con Urdangarin Alfonso Grau preside el patronato de la fundación que organizó los Valencia Summit
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha imputado al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por los convenios suscritos con el Instituto Nóos para la organización de tres ediciones —de 2004 a 2006— de los Valencia Summit, congresos sobre deporte y promoción de la ciudad, financiadas a medias por la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat (Cacsa) y por la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB). El magistrado cita a declarar el sábado a Grau en los juzgados de Palma de Mallorca en calidad de presidente del patronato de la citada fundación.
En el auto hecho público este martes, Castro acepta la petición de la acusación popular, que ejercen los socialistas de Valencia, a la que se sumó la fiscalía, al apreciar “indicios fundados de criminalidad” en la firma y ejecución de los convenios con Nóos, que costaron a las arcas públicas valencianas más de tres millones de euros.
Un político en el final de su carrera
Alfonso Grau, hombre fuerte de la alcaldesa Rita Barberá, es el primer imputado de la fundación Turismo Convention Bureau, una de las dos entidades gestoras de los convenios suscritos con el instituto de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres para la organización de tres ediciones de Valencia Summit.
Es el último pero no el único encausado en la conocida como rama valenciana del caso Nóos. Hay otros cinco cargos y funcionarios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) —sociedad de la Generalitat— imputados.
Grau, de 73 años, viudo y con dos hijas, es médico cirujano, vicealcalde de Valencia y responsable del área económica del Consistorio.
Entró en el Ayuntamiento de Valencia como segundo teniente de alcalde en 1995, segundo mandato de Barberá y el primero en que el que el PP logró una mayoría absoluta que ha conservado desde entonces. Su trayectoria pública ha estado dedicada a la política municipal, donde ha ocupado las concejalías de Fiestas, Presupuestos y Hacienda y Grandes Proyectos, hasta situarse como número dos incontestable de la alcaldesa, con la creación de una vicealcaldía pensada para él tras las elecciones municipales de 2011.
Grau ha sido el gran aliado de Barberá para hacer frente a las críticas y acusaciones recibidas por la gestión de la ciudad, especialmente en sus grandes proyectos, como el plan de El Cabanyal.
Político culto, con fama de rocoso y duro en los debates con los grupos de la oposición, Grau se ha encargado de defender los grandes proyectos de Valencia. Mucho antes de su imputación, en el Consistorio se daba por sentado que Grau no repetiría en la próxima candidatura. Es un político al final de su carrera pública.
En su escrito, el magistrado asegura que existen “indicios racionales” de que “se orilló el interés general, se prescindieron de los obligados cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado” y “tampoco fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió a Nóos que justificara el destino de los fondos públicos recibidos”. Castro entiende que todos ellos son requisitos obligados para una fundación que, según argumentan la acusación popular y la fiscalía, se nutría de fondos de “naturaleza abrumadoramente pública, lo que hace necesario que Alfonso Grau, sea oído en calidad de imputado”.
La fiscalía alude a un informe del IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) que acredita que es el sector público el que financia la práctica totalidad de los gastos de la TVCB, siendo la aportación del Ayuntamiento de Valencia entre 1992 y 2013 la más relevante de todas, con 63,4 millones de euros. Le corresponde, además, el 99% de los votos y es el Gobierno local quien preside el patronato de TVCB. Según el fiscal de Palma Pedro Horrach, “queda sujeta a la ley de Contratos públicos”.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y su número dos, Alfonso Grau, se han escudado desde un principio en que la fundación es privada e insistido en que los convenios se decidieron “de forma colegiada” entre todos los patronos de una fundación que promociona turísticamente la capital.
Las declaraciones de los patronos, en calidad de testigos, los pasados 11 y 12 de abril ante el juez Castro no apuntan en esa dirección. De un modo u otro, una mayoría señaló que Grau y el director general, José Salinas, controlaron el proceso de contratación con Urdangarin. Rafael Ferrando, patrono por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), a la pregunta en el juzgado de quién decidía, respondió: “Supongo que sería el director de la fundación [Salinas] y el presidente [Grau]”. “Ellos eran los que nos informaban del tema”, declaró.
El instructor del ‘caso Nóos’ acepta la petición de los socialistas
Otra testigo, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Mayrén Beneyto, que comparte gobierno con Grau, reconoció que no decidía nada. “Grau me parece una persona estupenda con capacidad para tomar decisiones en esos temas”, manifestó.
Desde que estalló el proceso, Barberá ha reducido el caso a la “importancia electoral” de los socialistas. “Todo ha empezado con un escrito interesado de los socialistas”, dijo hace dos días. Ayer, con la imputación en marcha, la regidora no quiso valorar la citación de Castro y solo recordó que “citar a declarar a una persona es para su mejor defensa”.
Joan Calabuig, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, replicó que el objetivo de la personación “no es ir contra nadie, sino recuperar el dinero que se entregó indebidamente a Urdangarin”. El edil recordó que los ediles del PSPV tomaron la iniciativa “ante la absoluta pasividad” de Barberá y su equipo. “El Grupo Popular fue incapaz de dar un solo paso para defender los intereses de la ciudad, por ello nos vimos obligados a tomar la iniciativa y personarnos”, justificó. Calabuig lamentó que Barberá se escude en su número dos cuando cada vez está más acreditado que Turismo Valencia fue un instrumento para burlar los controles de la ley.
El auto subraya que “se orilló el interés general” y no se fiscalizó el convenio
El resto de grupos de la oposición municipal han ido un paso más allá. El portavoz municipal de Compromís ha exigido la dimisión de Grau. Y ha reiterado la necesidad de poner en marcha una comisión de investigación que fiscalice las actividades hechas por la fundación y pagadas con presupuesto municipal.
El portavoz de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, también pidió la renuncia del vicealcalde para que se defienda de la imputación “como un ciudadano particular sin mezclar a la institución en el proceso”. Del mismo modo, ha pedido su renuncia como presidente de Turismo Valencia.
El coordinador de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Valencia, Eduardo Gómez, exigió a Grau que abandone el acta de concejal y deje de cobrar un sueldo público mientras permanezca imputado. “Ha comprometido la imagen de la ciudad”, según Gómez.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
