Alaya pide opinión a las partes sobre separar y elevar el ‘caso ERE’
La juez vuelve a citar este lunes a los exdirectores de Presupuesto

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha pedido a las partes que se pronuncien sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción para que divida la causa en piezas separadas y eleve al Tribunal Supremo la pieza sobre los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, todos ellos aforados. Además, la juez ha citado nuevamente a declarar como imputados este lunes a los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano.
La Audiencia de Sevilla anuló la imputación de estos dos altos cargos y pidió a Mercedes Alaya que dictara una nueva resolución donde expusiera con “mayor precisión” los hechos que les atribuye. Lo mismo sucedió con la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, cuya imputación ha terminado avalando la misma Audiencia.
Sobre el recurso de la Fiscalía para separar y elevar el caso al Supremo, la magistrada ha dictado una providencia para que “en el plazo común de cinco días” las partes “aleguen por escrito lo que tengan por conveniente, señalen particulares que deban ser testimoniados y presenten documentos justificativos de sus pretensiones”.
La fiscalía reclama que el caso de los ERE se divida en tres partes: una de expedientes de ayudas sociolaborales o a empresas, otra sobre supuestas sobrecomisiones cobradas por mediadores y una final en la que se encontrarían las acusaciones contra los aforados por el procedimiento creado para que la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo, pudiera conceder ayudas sociolaborales y a empresas sin los controles pertinentes.
La Fiscalía defiende que, aunque el Supremo pide que, antes de elevar una causa, se complete la instrucción, en el caso de los ERE “esta premisa de agotamiento se da en la presente pieza”. Tamibén opina que las diligencias pendientes, entre ellas requerimientos de documentación a los auditores de IDEA, “no aportarán” hechos nuevos objeto de imputación.
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