García Pelayo denuncia por amenazas al abogado del presidente del Xerez

Nuevo caso con grabaciones clandestinas entre empresarios y políticos y dos versiones enfrentadas cuya desenlace es aún imprevisible. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), denunció el pasado marzo ante la fiscalía que el abogado Fernando de Pablos, que representa al presidente del Xerez Club Deportivo, Ricardo García, le había coaccionado a través de varias grabaciones clandestinas.

De Pablos, letrado también del exdirector de Trabajo Javier Guerrero en el caso ERE, remitió una carta el pasado 3 de enero a la regidora popular para advertirle de que el presidente del Xerez disponía de una grabación en la que García Pelayo podía incurrir en los delitos de “cohecho, prevaricación y negociación prohibida a funcionarios” durante sus charlas con el empresario y el teniente alcalde Antonio Saldaña. La misiva ofrecía en cuatro párrafos explosivos “una salida amistosa” al asunto que recogía las grabaciones: una supuesta negociación de pagos irregulares entre el Consistorio y el club de fútbol.

“Mi cliente me hace entrega de la documentación suficiente, así como de diversos soportes de audio, demostrativa de la actitud, decisiones, prohibiciones y en general de la actividad desarrollada por usted [la alcaldesa] y el señor Saldaña en relación al citado club deportivo”, exponía en su misiva el letrado. De Pablos daba una semana a la regidora para solucionar el asunto o en caso contrario “procedería en defensa de los intereses de sus representados”.

La respuesta de García Pelayo fue trasladar a la fiscalía la carta de De Pablos para que se pronunciara sobre el contenido. Días después, el fiscal presentó denuncia en los juzgados jerezanos contra el letrado, al que imputa un delito de amenazas, referido a “un mal que no constituye delito” y penado con entre tres meses y un año de prisión o multa. En su denuncia, la fiscalía pide que declare como testigos la alcaldesa y el primer teniente alcalde, el abogado como imputado y que se incorpore a la causa la mencionada carta. Eso sí, el fiscal evita mentar las grabaciones, que podría traer a colación De Pablos si las estimara convenientes para su defensa.

De Pablos afirma que

Una grabación clandestina es legal y no atenta contra la intimidad de otra persona siempre que el autor de la grabación participe como interlocutor en la conversación, explican fuentes jurídicas. El ejemplo reciente más notorio ha sido la grabación de los empresarios de La Raza a los exdirectivos de Mercasevilla, que desencadenó el caso Mercasevilla y el caso ERE.

La denuncia presentada por la fiscalía era hasta ayer desconocida en el Ayuntamiento de Jerez. Es un nuevo pasaje del agrio enfrentamiento que mantienen el presidente del Xerez Club Deportivo, Ricardo García, y el equipo de gobierno que preside Pelayo. Desde hace meses, se habla de la más que probable disolución de la entidad, ahora en manos de una gestora, al borde de la liquidación y hundida en Primera Andaluza. El empresario sevillano y el gobierno local han protagonizado varias reuniones para abordar la delicada situación del club, pero el contenido de esos encuentros varía sustancialmente en función de quién lo transmita. García aseguró hace poco menos de un año que el Ayuntamiento le ofreció dinero por liquidar el ente deportivo y el primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, aseguró ayer que el propio empresario sevillano solicitó al Consistorio por la disolución “entre 600.000 euros y 1,2 millones” en función de la categoría en la que militara el equipo. El audio de esas tensas reuniones celebradas el pasado septiembre es el que llevó a De Pablos a escribir la carta a García Pelayo.

El presidente del Xerez aclaró ayer que en las reuniones, a las que acudieron dos consejeros del club, García Pelayo y Saldaña les pidieron que solicitaran la liquidación del Xerez ya que se había creado otro equipo similar en la ciudad al que el Ayuntamiento apoyaba. A cambio, el Consistorio les pagaría un millón. Sin embargo, como los empresarios no accedieron, no salió a colación el método de pago, según el relato de García. “Fuimos a esas reuniones con nuestro proyecto de viabilidad para el equipo y ni lo vieron, pedían que liquidáramos y listo”, afirma el empresario. “Nos dijeron: no os preocupéis, que cobrar vais a cobrar. Tenéis que pedir la liquidación, pero ya”, añadió.

Desde el gobierno local restan importancia a las cintas. Según relata Saldaña, Ricardo García grababa los encuentros porque pretendía conseguir que el Ayuntamiento ofreciera alguna cantidad económica y eso no ocurrió. “Siempre hemos dejado muy claro que no daríamos ni un euro” por la disolución, remachó el también portavoz municipal tras conocer el contenido de la denuncia del ministerio público. “¿Si creían que en esos encuentros la alcaldesa y yo habíamos cometido varios delitos por coacciones, por qué no nos denunciaron en vez de ofrecernos una salida pactada al conflicto”, se pregunta el portavoz municipal y secretario general del PP en la provincia de Cádiz.

El dinero de la liquidación no era lo único que estaba en juego en esas reuniones. García también intentaba cobrar una deuda municipal de dos millones. Esa es la cantidad que el Ayuntamiento, años atrás, aprobó en pleno y que el club aún no ha cobrado. Saldaña aseguró ayer que en las grabaciones de las reuniones “no hay nada delictivo”.

Tanto la alcaldesa García Pelayo como De Pablos declinaron ofrecer su versión sobre la controvertida misiva. Está por ver el contenido exacto de las palabras pronunciadas por los dos políticos, que previsiblemente saldrán pronto a la luz. La grabación clandestina puede apuntillar o desbaratar la denuncia de la fiscalía, y apoyar la tesis oficial del Consistorio o por contra sostener las insinuaciones de De Pablos y el dueño del Xerez.