La Fiscalía de Cádiz apercibe a los municipios por las casas ilegales

La Fiscalía de Cádiz ha comenzado a apercibir a Ayuntamientos de la provincia de Cádiz por no ejecutar las órdenes de derribo de viviendas ilegales en sus términos municipales. Lo hace tras avanzar el resultado de su inventario en el que el ministerio público ha detectado que de las 43 sentencias de demolición existentes en la Bahía de Cádiz y la comarca de la Janda solo cuatro se han ejecutado. “Son datos de extrema gravedad”, señaló la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso,quien cree que deben reforzarse los mecanismos contra el urbanismo ilegal.

De las 43 órdenes de derribo, solo cuatro se han ejecutado, dos se han descartado y otras 37 siguen sin en pie. Ayuso lo atribuye a varios motivos pero, entre ellos, sobresale la dejadez municipal. “En primera instancia son los propietarios o los promotores los que deben derribar sus construcciones pero, si no lo hacen, de forma subsidiaria, le corresponde a los Ayuntamientos. Y esto no está ocurriendo”.

En el detalle del inventario, la fiscalía lamentaba casos en los que los propios Ayuntamientos reclamaban la paralización de algún derribo porque esos suelos iban a legalizarse en las revisiones de los planes generales. El ministerio público cuestionaba que aquellos que permitieron en su término municipal ese tipo de construcciones además se pusieran del lado de los que se habían saltado sus propias normas. De ahí, que la fiscalía haya ya apercibido a algunos responsables municipales de Urbanismo para que acometan los derribos que son de su responsabilidad. Ayuso evitó dar nombres para no personalizar su denuncia.

Conciencia de delito

Este informe de la fiscalía fue analizado este viernes en Cádiz por la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano: “Es un problema de difícil solución ya que durante mucho tiempo la sociedad no tenía conciencia de que cometía ningún delito ni de que podía enfrentarse a una sanción administrativa”, dijo. Según su opinión, todavía hoy “cuesta cambiar esa percepción”. Serrano dijo respetar las conclusiones de la fiscalía y se puso a su disposición para colaborar en una posición común pero evito anunciar un endurecimiento de las medidas contra los Ayuntamientos que no cumplen con sus competencias en disciplina urbanística. “Estamos para ayudarles y asesorarles pero son ellos los que tienen esa competencia”, dijo.