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Montoro dice al PNV que no va a cambiar al delegado del Gobierno en Euskadi

El ministro recuerda que Urquijo ha tenido el respaldo judicial en el 90% de los recursos planteados

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.Fernando Alvarado (EFE)

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este miércoles que el Gobierno no va a cambiar al delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, y "menos si lo solicita el portavoz del PNV formalmente desde la tribuna" del Congreso de los Diputados. Montoro ha respondido así en el Congreso a una interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco sobre el desempeño de las funciones del delegado del Gobierno en Euskadi.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que Urquijo "no es la persona adecuada para engrasar las relaciones interinstitucionales" porque "no es precisamente un diplomático sino un pirómano" y "debería abandonar su cargo".

En respuesta a Esteban, Montoro ha preguntado si solicitar el cambio del delegado del Gobierno en el País Vasco en la tribuna "era para normalizar las relaciones institucionales o para empeorarlas" y ha recalcado que Urquijo "va a seguir ejerciendo su función, que es velar por el cumplimiento de la ley". Montoro ha dicho a Esteban que con su interpelación "ha reforzado el papel político de Carlos Urquijo como representante del Gobierno del País Vasco".

En su intervención, Esteban ha dicho al referirse a Urquijo que "este personaje no se corta para hablar de cualquier tema político" porque es el delegado del Gobierno en el País Vasco pero podría decirse que lo es también de Cataluña.

Esteban ha preguntado a Montoro si Urquijo se le está yendo de las manos al Gobierno

En este sentido, se ha preguntado si le correspondía decir que el "Gobierno español tiene mayoría suficiente para hacer frente a los desafíos independentistas y el proyecto soberanista catalán va a descarrilar".

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Esteban se ha planteado si la actuación de Urquijo responde a una estrategia del Gobierno porque el delegado del Gobierno "es eso, no un virrey plenipotenciario que actúa a espaldas de la metrópoli" y le ha espetado al ministro: "¿Se les está yendo Urquijo de las manos o son ustedes los que incitan su actividad y forma de desarrollar su trabajo?", ha preguntado.

Para Esteban, la labor de Urquijo "no debería convertirse en la de una especie de perro de presa que se dedique en exclusiva a vigilar e incordiar sin ofrecer ningún tipo de diálogo a las administraciones vecinas".

Montoro ha explicado las atribuciones del delegado del Gobierno en el País Vasco, entre las que está el "velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y la correcta aplicación de su normativa promoviendo o interponiendo conflictos de jurisdicción, de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes".

Tras señalar que "lo que no puede hacer un delegado del Gobierno es mirar para otro lado", Montoro ha reconocido que es cierto que desde la Delegación del Gobierno en el País Vasco se han interpuesto "un número importante" de recursos contenciosos administrativos, en concreto 537, frente a decisiones de entidades locales de las tres provincias que componen Euskadi.

En Alava, 77 recursos; en Bizkaia, 215 recursos, y en Gipuzkoa, 245, ha precisado el ministro antes de apuntar que hay administraciones en el País Vasco y en el resto de España "contumaces en el cumplimiento de la ley".

Esa conducta es "reprochable y perseguible" y eso es lo que está haciendo la Delegación del Gobierno en el País Vasco, que no actúa de manera "caprichosa", según el ministro. Urquijo "acude a los tribunales porque le obliga a él la ley y lo hace con criterio porque la justicia parece darle la razón", ha argumentado

Montoro antes de explicar que de los recursos presentados en los que ya se han pronunciado los tribunales "la tasa de éxito ronda el 90 %", lo que supone una actuación "más que certera". Cómo reflejo de ello, ha añadido, "las costas procesales impuestas a las administraciones demandadas ascienden a más de cien mil euros".

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