Los afectados abren la vía judicial para cobrar las ayudas a la vivienda

La Plataforma de Afectados por las Ayudas a la Vivienda presentó este lunes 130 reclamaciones administrativas individuales para forzar a la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, a reconocer o no la deuda con cada beneficiario, para que pueda emprender la vía judicial contencioso-administrativa. “Ya advertimos de que llevaríamos el asunto a los tribunales”, señaló la portavoz de la plataforma, María Navarro, que anunció que en los próximos días se presentarán otras 400 reclamaciones. Si las 130 primeras son del denominado cheque-vivienda, entre las otras habrá también afectados por ayudas al alquiler y la rehabilitación.

El abogado de los afectados, Antonio Leyda, explicó que si la consejería no responde en tres meses a las reclamaciones de cantidad, los afectados pueden interponer un recurso. Por otra parte, ya hay precedentes de sentencias favorables y la propia Generalitat asume que con ellas se ve obligada a pagar. La plataforma ha estado informando a los afectados, que se calculan en más de 50.000, en asambleas celebradas en Valencia, Castellón, Alicante, Petrer, Elche, Alcoi, Alzira y Sueca. “Nos están llamando para ir a otros sitios”, explicó la portavoz. “Los ayuntamientos también están afectados por el impago de ayudas a la rehabilitación y algunos se sumarán a las reclamaciones”.

El PP reconoce las ayudas a la vivienda en una enmienda a la Ley de Puertos

Mientras la plataforma presentaba las reclamaciones, la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, declaraba en Castellón que está negociando con el Gobierno “alguna forma de pago” de los 240 millones de euros que debe la Generalitat de las ayudas a la vivienda. Bonig recordó que esa cantidad se consignó en la cuenta 409 (destinada a obligaciones sin consignación en las cuentas) para el presupuesto de 2012, en el que se contabilizó como parte del déficit. Sin embargo, su pago no pudo ser incluido en el Fondo de Liquidez Autonómico porque ese mecanismo de apoyo no preveía subvenciones. El director de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda, Vicente Dómine, se reunió por la tarde con representantes de la Plataforma de Afectados por las Ayudas a la Vivienda, a quienes recordó el millón de euros destinado a anticipos de familias en situación más vulnerable y reiteró que el Consell dedica, desde junio pasado, 300.000 euros mensuales a pagar a afectados por orden de antigüedad.

“En 2011 dejaron de pagar las ayudas de marzo de 2009 porque llevaban dos años de retraso”, explicó María Navarro. “Hay expedientes de 2007 que no se han pagado todavía. Hemos acudido al Síndic de Greuges, a la Sindicatura de Comptes, a la Defensora del Pueblo. Y la consejera no ha hecho caso. Estamos cansados de parches. Por eso abrimos la vía judicial”.

La presión de los afectados ha llevado a que el PP registre una enmienda a la Ley de Puertos de la Generalitat, que se debate en las Cortes Valencianas, para declarar “debidamente otorgadas” las ayudas a la vivienda y considerarlas “compromisos debidamente adquiridos”. La diputada socialista María José Salvador destacó que se trata de un “reconocimiento sin consignación presupuestaria” y calificó de “surrealista” que se use la Ley de Puertos para hacerlo.