Cuatrocientas piratas en las ondas

Una mesa de mezclas, un ordenador, una antena y un pequeño transmisor. 1.500 euros bastan para usurpar una frecuencia. Con estos mimbres, trabaja un treintañero que emite atronadoras sesiones de música de baile y remember en Xàbia. “No tengo ánimo de lucro”, responde por correo. Su página web permite contratar publicidad, una disco móvil y hasta comprar camisetas. Juan (nombre figurado) combina su destreza con la mesa de mezclas y el micrófono con el tricornio de la Guardia Civil, según el empresario que ha denunciado su actividad a un mando del instituto armado de la comarca de La Marina.

Los piratas han abordado las ondas de la Comunidad Valenciana. Más de 400 emisoras sin licencia emiten en la autonomía con la impunidad de un okupa. Los intrusos emiten por tres de cada cuatro estaciones e impiden escuchar las cadenas legales.

La oxidada maquinaria sancionadora del Consell y la complejidad técnica para cazar al infractor amparan un fenómeno que engorda desde 2007. Y nutre la tormenta perfecta de despidos y cierres que, desde que arreció la crisis, ha desplomado a la mitad los ingresos publicitarios de las 125 cadenas legales, según fuentes del sector.

Alicante es el edén de las ondas clandestinas. Concentra más de la mitad de estas emisiones de la Comunidad. Solo 56 de las 220 cadenas de la provincia tienen concesión de la Generalitat.

Ser ilegal es navegar en el limbo. No existir ante la Administración, eludir inspecciones. En la lógica del mercado, significa reducir costes para hincarle el diente con posición ventajista al ya reducido pastel publicitario.

Alicante es el edén de las ondas clandestinas. Concentra más de la mitad de estas emisiones de la Comunidad

“Es competencia desleal”, explica encendido un empresario de La Marina Alta con 28 años de experiencia. Este profesional cifra en medio millón de euros al año los ingresos de cada estación sin licencia que emite en inglés desde Xàbia. En su comarca, las cuatro frecuencias legales —SER Dénia, Radio Litoral, Radio Marina Alta y Cope— conviven con 45 sin licencia, según la propia Generalitat. El Consell solo ha impuesto una docena de sanciones en La Marina Alta aunque desconoce si han culminado con la desconexión de los equipos.

“En Inglaterra todo esto es un delito”, se queja un empresario que protagoniza una cruzada legal que, en cinco años, se sustancia en tres sentencias a favor y ningún cierre. Este director de una radio comercial ha denunciado a Activa FM por carecer de licencia. Asegura que la actuación de este grupo, con seis frecuencias en Dénia, Benidorm y Valencia, interfirió en las comunicaciones del Aeropuerto de L’Altet. “No quiero hacer declaraciones y no pertenezco a Activa FM”, responden al otro lado del móvil que figura en la web de Activa. Unos minutos después, otro hombre que no revela su apellido se presenta como exgerente de la empresa y critica la concesión discrecional de licencias. Sugiere, sin aportar datos, que este artículo se enmarca en una campaña de la SER, que pertenece al mismo grupo empresarial que la editora de EL PAÍS. Argumenta la legalidad de su actividad por pagar a sus trabajadores y abonar los derechos a la SGAE.

Los piratas camuflan sus equipos en tejados. Colocan sus antenas en las propiedades de terceros a cambio de publicidad. Una tecnología relativamente accesible les garantiza mayor cobertura. Su señal es más nítida que las radios con licencia. La clave radica en que las clandestinas se ahorran las elevadas tarifas eléctricas de emitir desde una torre de comunicación a gran altura.

“Estos piratas juegan a ser empresarios pero con condiciones ventajosas. Los que cumplimos la ley nos hipotecamos. Y ahora lo estamos pasando muy mal mientras los intrusos aguantan mejor el temporal”, se queja un empresario de La Marina Alta que advirtió hace siete años del agujero a la Dirección General de Medios del Ejecutivo autónomo.

Y esa es la pregunta: ¿Por qué la Generalitat no persigue a los intrusos? “Es un proceso complejo. Tenemos los medios que tenemos. No es fácil saber quién está detrás de estas sociedades y, además, sus titulares cambian. Es difícil pillarlos”, explican desde el Consell. ¿Y por qué sí cortaron la señal de los repetidores de TV3 propiedad de Acció Cultural? “Ese era un caso diferente. Ellos llevaban dos décadas”, dan por todo argumento.

La radio es un medio de creación de opinión. Un tercio de los 201.000 vecinos de La Marina Alta son extranjeros comunitarios. Británicos y alemanes en su mayoría. Los expertos no creen que la tolerancia del Consell se deba a una estrategia para favorecer a medios afines al PP. “La tendencia política no es una justificación para que se cumpla la ley. Si han cometido alguna irregularidad, la Administración debería intervenir estas empresas al margen de su color político”, opina Alfonso Ortega, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), un organismo que reúne a grandes emisoras como la Cadena SER, Onda Cero o Cope, sitúa a la Comunidad Valenciana como el tercer nido de piratas en España. Por delante se encuentran Canarias y Andalucía.