El expresidente de la patronal culpa a su antecesor del fiasco de las VPO

Herrero asegura que desconocía los retrasos y dificultades en las obras

Santiago Herrero, en los juzgados de Sevilla.
Santiago Herrero, en los juzgados de Sevilla. Paco Puentes

El expresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, acusado de estafa por una promoción de 583 viviendas VPO en Sevilla sin finalizar, responsabilizó de esta operación inmobiliaria a su antecesor en el cargo ya fallecido, Rafael Álvarez Colunga, durante su declaración como imputado este viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla. La anterior cúpula de la CEA está imputada tras la denuncia de un grupo de proveedores que sufren impagos por esta promoción, gestionada por una fundación vinculada a la patronal. Dos de las tres fases de la promoción resultaron paralizadas, por lo que hoy existen centenares de vecinos damnificados que protestaron en los juzgados.

Herrero, presidente de la patronal andaluza hasta la pasada Navidad, aseguró que desconocía los retrasos y dificultades en las obras, porque carecía de responsabilidad y en las reuniones directivas de la fundación promotora nunca se mencionaron estos problemas, según fuentes presentes en la declaración. Herrero evitó responder a la acusación y solo rebatió el interrogatorio de la juez y su abogado.

“No sabemos dónde está el dinero”, critican los empresarios

El expresidente Herrero de los empresarios se definió como un "mero patrono" y alegó que desconocía la falta de liquidez de la fundación, a pesar de que aportó datos sobre el estado de las obras cuando accedió a la presidencia. Herrero delegó toda la gestión de los problemas sobre la promoción en Álvarez Colunga, y tras su fallecimiento al expresidente de la fundación Juan Salas y al actual secretario general de la CEA Antonio Carrillo, además de la empresa promotora Dolmen, con la que la CEA constituyó posteriormente una Sicav para inversiones financieras. Herrero mantuvo que no ha tenido ninguna relación con las sociedades intermediarias CYR y Dosevi y agregó que no tenía información de la situación, puesto que la información de las obras y del proyecto la poseía Álvarez Colunga.

Durante la hora y media que duró su declaración, Herrero culpó de los impagos a las constructoras implicadas y también precisó que los 583 pisos se habrían terminado si la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) no se hubiera hecho cargo de las obras en nombre de los antiguos préstamos de Caja Madrid, informó Efe. Asimismo, Herrero señaló que solo queda por terminar el 2% de las obras y reconoció que se ha reunido con los responsables de la constructora Dolmen para tratar el desarrollo del proyecto y los problemas surgidos en la promoción Isbylia. Sobre estas viviendas, Herrero matizó que cuando falleció Colunga, la promoción se encontraba construida al 75% y agregó que él las dejó casi terminadas, al 98%.

Asimismo, explicó que la fundación nació desde el principio con la finalidad social de promover viviendas protegidas y añadió que dicha organización no tenía sede social física y que se trabajaba desde los despachos de la promotora Dolmen, empresa que considera solvente, tanto antes como ahora. El expresidente -que no acudió a declarar el 5 de marzo debido a una cita médica- aseguró que se enteró de los problemas de liquidez y de las cantidades adeudadas a raíz de la denuncia de los empresarios contratistas y las protestas de los adjudicatarios.

El imputado defendió la función social de la fundación creada 

En la denuncia, los empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos y aseguran que los denunciados actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de VPO, y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting".

A las puertas del juzgado acudieron representantes de las empresas contratistas afectadas con pancartas para protestar por los impagos, junto a algunos adjudicatarios afectados por la no finalización y los retrasos en la entrega de las viviendas. Los empresarios consideraron que los testimonios de los imputados que han declarado en los últimos meses -la ronda de declaraciones se inició en febrero- "no tiene coherencia, no están sustentados y no tienen credibilidad, por un lado aseguran que han pagado el dinero por otro lado el dinero no aparece. Echan la culpa a los bancos, que a su vez dice que ya entregó el dinero y dicen que la contrata principal ha pagado, pero no aparece el dinero". "Crearon un entramado, engañándonos para que contratáramos con sociedades intermediarias, se declararon insolventes y encima no sabemos dónde está el dinero", critican los empresarios.

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