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Los partidos catalanes se comprometen a consensuar una ley audiovisual

CiU presentó un proyecto que no gusta ni a su socio ERC, por lo que las posiciones están, de salida, muy alejadas

Las leyes aprobadas por el consenso de la gran mayoría de partidos son una rareza en esta legislatura en Cataluña, ya de por si parca en cuanto a proyectos aprobados. Ayer Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Partit dels Socialistes, e Iniciativa se propusieron poner fin a esa carencia e iniciaron la tramitación parlamentaria de una nueva ley audiovisual comprometiéndose a consensuar la norma durante la ponencia en el Parlament.

Las posiciones, por ahora, están muy alejadas. El Gobierno presentó un proyecto de ley con elementos que no gustan ni a su socio parlamentario, ERC. La norma, reforma de varias leyes, contempla entre otras cosas que los miembros del Consejo del Audiovisual de Cataluña y del consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales —controlador y gestor de los medios públicos, respectivamente— puedan compaginar su tarea, a tiempo parcial, con intereses en el sector audiovisual: tendrán permiso para ser propietarios de hasta el 10% de una empresa relacionada con la comunicación, una limitación que se podría eliminar con el visto bueno de los presidentes de los consejos. Hasta ahora los miembros del CAC y la CCMA tenían dedicación exclusiva con una retribución anual de 96.593 euros. Otra novedad de la reforma planteada por el Gobierno es la obligatoriedad de hacer públicos los contratos externos.

Enmiendas retiradas

Iniciativa presentó una ley alternativa y el PSC defendió una enmienda a la totalidad a la norma del Gobierno, pero ambos partidos retiraron sus propuestas tras oír el compromiso de Homs, que prometió hacer una ponencia conjunta para que la ley sea de consenso.

Aprovechando la reforma, el Gobierno también impulsará un cambio en la ley de publicidad institucional para poder animar a la participación en la consulta. Este cambio motivó los principales reproches, de los partidos contrarios a la consulta. Núria Parlón, del PSC, consideró que el cambio en la publicidad institucional permite al Gobierno “dar una única visión de país”; para Marisa Xandri (PP), el Ejecutivo puede “manipular” a los catalanes, acusación que elevó Jordi Cañas, de Ciutadans, que acusó a Homs de formar parte de “un gobierno ecuatorial de bananeros”.