La fiscalía recurre al Supremo para que el TSJ juzgue la pieza de Gürtel sobre Fitur

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el anuncio de que interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión del tribunal valenciano de declararse no competente para celebrar el juicio sobre los contratos de Fitur con la trama Gürtel. El TSJ valenciano decidió dejar el caso en manos de la Audiencia de Valencia después de que renunciaran a sus escaños las dos únicas aforadas en el sumario, las ya exdiputadas del PP en las Cortes Valencianas Angélica Such y Milagrosa Martínez.

La Fiscalía recuerda, a través de un comunicado, que "el pasado 16 de abril de 2014 el Tribunal Superior de Justicia declinó su competencia considerando que la renuncia de Angélica Such y Milagrosa Martínez a sus escaños conllevaba necesariamente su falta de competencia por carecer todos los acusados de la condición de aforados, no habiéndose producido tampoco la consolidación de su competencia jurisdiccional al no haberse iniciado las sesiones del juicio oral".

El tribunal valenciano tomó la decisión de inhibirse a favor de la Audiencia de Valencia cuando el inicio de las sesiones del juicio oral ya estaba fijado. La vista debía comenzar el 31 de marzo. La alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, dimitió de su escaño en las Cortes diez días antes y pidió que el TSJ se declarara no competente. A su petición se sumaron otras defensas, mientras que la fiscalía y la acusación popular del PSPV-PSOE adelantaron su oposición a que el sumario pasara a otro órgano judicial y retrasa la celebración del juicio. 

Anticorrupción criticó que las renuncias de Martínez y Such se habían producido más de un año después de conocerse los escritos de acusación y que suponían un “claro entorpecimiento” del juicio. Ahora se reafirma en su postura y al entender que dicha resolución del TSJCV "no es ajustada a derecho", anuncia la preparación de recurso de casación "por infracción de precepto legal y constitucional".

En la pieza tres del caso Gürtel, centrada en los contratos que la Generalitat firmó con la trama corrupta para que organizara el pabellón valenciano en varias ediciones de la feria Fitur, están procesadas 13 personas: las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; y los considerados cabecillas de la red Gürtel Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.

Para Milagrosa Martínez, la fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.