La Generalitat abre expediente a la aplicación de movilidad Uber

Primero fueron las quejas de los taxistas, hoy ha sido la apertura de un expediente por parte de la Generalitat. El desembarco en Barcelona no ha sido plácido para el portal de movilidad Uber, que no es ajena a la polémica allí donde desembarca: en algunas ciudades francesas le han puesto trabas mientras que en Bruselas directamente la han prohibido. En el caso de la capital catalana, la Administración autonómica considera que la aplicación, que pone en contacto a usuarios y chóferes y cobra el servicio, debe considerarse como un transporte público más y, por tanto, "está sujeta a un régimen de autorización previa".

Eso, en el caso de vehículos con capacidad para hasta nueve personas, como sería el caso de Uber, requeriría la licencia municipal o del Área Metropolitana de Barcelona en el caso de que se considere un taxi o de una licencia de alquiler de vehículos con conductor, cuya autorización recae sobre la Generalitat. A partir de ahora, el Departamento de Territorio analizará las "supuestas actividades irregulares de la empresa", que puede suponer una multa por infracción muy grave (sancionable con hasta 1.250 euros).

El Gobierno catalán ha anunciado su decisión de abrir expediente tras reunirse con el Sindicato del Taxi de Cataluña y después de que la Confederación del Taxi de España anunciara la denuncia argumentando que Uber fomenta el "transporte pirata" y "sin garantía alguna" para los usuarios. Presente en multitud de ciudades, en España solo en Barcelona, el servicio ha radicado su éxito en el precio y en la libertad que ofrece trabajar sin licencias. La aplicación permite poner en contacto a una persona que necesita un medio de transporte con otra que está próxima y que está dispuesta a utilizar su propio vehículo a cambio de un módico precio. La idea, no obstante, sulfura a los taxistas.