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FRANCISCO GONZÁLEZ / Presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia

“La Administración ha sido una gran generadora de cárteles”

González defiende que el nivel de precios adecuado en el mercado depende de a competencia real

Francisco González Castilla, presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat.
Francisco González Castilla, presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat.MÒNICA TORRES

En pleno debate sobre el recibo de la luz, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llegó con un regalo de Navidad a finales del pasado mes de diciembre. Con un informe devastador, invalidaba la subasta de las eléctricas y se posicionaba junto al consumidor, codo a codo también con el Gobierno, que no sabía cómo solucionar la tarificación de la luz. En estos momentos, el recibo de la luz sigue siendo una incógnita, pero ya no le corresponde despejarla a la Comisión de Defensa de la Competencia, que estos días celebra en Valencia las VII Jornadas Nacionales de Defensa de la Competencia junto a sus delegados autonómicos y con la colaboración del presidente de la nueva Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana, Francisco González Castilla.

Pregunta. Recientemente ha habido una sanción de 43 millones a empresas portuarias por pactar precios en la que se habló de colaboración de la Consejería de Industria, pero no se la sancionó “por falta de jurisprudencia”. Al ser la Comisión dependiente de la consejería, ¿no puede ello afectar a su independencia?

Respuesta. La Comisión depende de la Consejería de Industria, pero se ha asegurado su independencia con incompatibilidades. Respecto al caso concreto, puede que se potencie desde la Administración un ambiente de entendimiento entre los operadores que es un caldo de cultivo de actividades colusorias. Simplemente, en una reunión entre transportistas y portuarios, se pueden estar generando estos comportamientos. En aquel expediente, que no se conoció porque la actividad portuaria excede de la competencia autonómica, sólo aportamos un informe. Y por ello no puedo entrar en el asunto ni decir si es correcto o no que haya sanción a la Conselleria.

P. En el Reino Unido hace más de 30 años que se exigía por parte de la Administración que las obras públicas se ejecutaran con parte de las empresas locales. ¿Conculcan la competencia los concursos públicos?

“En España ha una falta de cultura de defensa de la competencia”

R. El derecho de la competencia es visto como algo incómodo porque impide acuerdos entre competidores, las ayudas públicas, si la Unión Europea dice que las ayudas a la construcción naval o al carbón tienen que devolverse... Desde el punto de vista social, hay unas reglas de juego iguales para todos, respetadas y basadas en la libre competencia, y que no pueden quedar afectadas por la intervención de los poderes públicos. Es incómodo para todos, pero intentamos que los emprendedores, por ejemplo, entren en el mercado de tú a tú con los que ya están establecidos. Esto hay que creérselo: el que la competencia redunda en el beneficio general. Se ha evaluado lo que encarece las cosas un mercado en el que hay cártel y se habla de un 20% de media.

P. Y en España, ¿no ha habido una política proteccionista a nivel de subvenciones públicas?

“Animo a los consumidores a denunciar si han sido víctimas”

R. En España hay una falta de cultura de la defensa de la competencia. La idea es que la competencia es mala. La gente piensa que la “defensa de la competencia” es que van a ir a por sus competidores porque bajan los precios, cuando nuestra función es la contraria. El consumidor tiene que saber que el que exista un nivel de precios adecuado en el mercado depende de que exista una competencia real. Pero esa falta de cultura del mercado existe también en la Administración, que ha sido una gran generadora de cárteles restringiendo la competencia en muchos pliegos de condiciones, en concursos y oposiciones…, ya sea consciente o inconscientemente, por falta de esa cultura de la competencia. Se entiende, equivocadamente, que la Administración actúa bien generando un comportamiento anticompetitivo.

P. Aquí tenemos muchos ejemplos de cárteles favorecidos por la Administración, como fue la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las subvenciones de la Generalitat a los estudios de cine de la Ciudad de la Luz.

R. En este tema habría que matizar que las ayudas públicas, en sectores deprimidos, son aceptables. Pero, por regla general, son en abstracto un elemento que puede desvirtuar la competencia del mercado porque están poniendo a un operador económico en mejor posición que al resto. Incluso si se trata de una empresa en otro país de la Unión Europea, porque somos un mercado único. Y eso es lo que ocurrió en el caso de la Ciudad de la Luz, denunciado por una empresa británica. La Defensa de la Competencia impide las ayudas públicas, protege a los competidores, incluso la normativa de la Unión Europea es muy estricta.

P. ¿Cómo puede identificar un ciudadano este tipo de prácticas?

R. Hay ejemplos muy generalizados. Vas a un banco y te cobran el dos por ciento de comisión de apertura, y el de enfrente y el otro… Esto es indicativo de que puede haber un acuerdo entre las entidades. En este sentido, hay varios expedientes abiertos en los concesionarios de automóviles por ofrecer todos el mismo precio. Yo animaría a los consumidores a denunciar si han sido víctimas de acuerdos que consideran anticompetitivos o colusorios.

</CF></CF>P. El informe de la Comisión de Defensa de la Competencia sobre las eléctricas acercó un poco más la justicia al ciudadano al invalidar la subasta de las tarifas...

R. El problema de las commodities, como son la energía, la electricidad, el gas, el agua, la gasolina…, es que son sectores vitales para toda la sociedad donde los suministradores son pocos. Incentivar la competencia en estos mercados es muy difícil. ¿Por qué la gasolina tenía un precio los lunes, hasta que el viernes alcanzaba el máximo pico? Las gasolinas llevan siete años en crisis pero lo precios han subido, pese a lo que dice la ley de la oferta y la demanda. En el caso de las eléctricas, es muy difícil entender el recibo de la luz, ha cambiado el sistema, el contador… Y hay que estar muy atentos porque su repercusión en todos los usuarios es muy grande. Sobre la solución del Gobierno, no me puedo pronunciar. La subasta ha funcionado mal y el nuevo sistema dice que va a devolver dinero… Pero, cualquier mercado en el que hay unos grandes productores es muy difícil de liberalizar.

P. ¿Y cuando los productores son pequeños, como puede ser el sector agrícola valenciano donde los grandes distribuidores controlan los precios?

R. El sector agroalimentario se ha sentido fuera de la competencia porque hay muchas ayudas a la naranja u otros productos agrícolas, subvencionados por la Unión Europea. Y, en Valencia, hay una anomalía del mercado porque existe una producción muy atomizada y una distribución muy concentrada, lo que provoca que los que tienen que perder sean los productores, que salen a pérdidas cuando no se les paga la naranja. Hay un desequilibro de mercado que no puede ser superado a golpe de ley sino de otras maneras, fomentado el cooperativismo agrario…, otra vez.

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