Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Marbella recupera decenas de fincas e ingresa dos millones por sentencias

El Ayuntamiento espera percibir otros 1,7 millones por la venta de un edificio

El exasesor de Urbanismo en Marbella, Juan Antonio Roca, durante el juicio del caso Malaya. Ampliar foto
El exasesor de Urbanismo en Marbella, Juan Antonio Roca, durante el juicio del caso Malaya.

El Ayuntamiento de Marbella se embolsará en breve 1,7 millones por la venta de un inmueble ubicado en Murcia de Juan Antonio Roca, principal condenado del caso Malaya. El dinero que se recaude con esta operación, que debe recibir el visto bueno del tribunal que juzgó la trama de corrupción, irá previsiblemente a las arcas municipales gracias al acuerdo promovido por el propio exasesor de Urbanismo marbellí para hacer frente a la parte de responsabilidad civil que le corresponde del caso Saqueo 1,enjuiciado en la Audiencia Nacional y en el que está condenado en firme a seis años y 10 meses de prisión. El objetivo del pacto es sacar al mercado patrimonio —considerado lícito por los jueces y en un limbo legal—, venderlo e indemnizar al Consistorio con 8,12 millones.

Este movimiento ha recibido el respaldo de la fiscalía y del Ayuntamiento de Marbella y fue autorizado recientemente por la Audiencia de Málaga. Atañe al patrimonio de Roca que no está afectado por el comiso que se decreta en la sentencia del caso Malaya (el 36% de su fortuna), que no es firme, y faculta al administrador judicial a seleccionar los bienes y hacer las gestiones necesarias para enajenarlos. Roca solicitó que se fijen “precios competitivos” y que las transacciones se realicen con “la máxima celeridad temporal”, petición que asumió el tribunal de Malaya.

El acuerdo, fiel reflejo del encaje de bolillos en el terreno jurídico que rodea a los casos judiciales de la era del gilismo en Marbella (de “peculiaridad” lo tacha el tribunal), es independiente de la pretensión del Ayuntamiento de que parte de los bienes y multas del caso Malaya (especialmente estas últimas, que ascienden a 580 millones) se destinen a abonar la deuda municipal con la Seguridad Social y Hacienda, algo que acuerda la sentencia y que ha sido recurrido por la fiscalía ante el Tribunal Supremo porque entiende que la ley no lo permite.

Con la oferta que existe sobre el inmueble de Murcia, el Consistorio marbellí dará un salto destacado y prácticamente duplicará los cerca de dos millones que ha logrado ingresar hasta ahora por los procedimientos judiciales centrados en el expolio de las arcas entre 1991 y 2006. El trabajo de los servicios jurídicos municipales es arduo, pero los avances se producen con goteo por la lentitud de la Justicia y los recursos dispares a los que se agarran los implicados, como por ejemplo declararse insolventes.

Marbella tiene sentencias a favor con indemnizaciones que superan los 300 millones en el ámbito penal y del Tribunal de Cuentas (por alcance contable). La más destacada en los últimos meses ha sido la cantidad prevista en el fallo del caso Saqueo 2, de unos 40 millones, aunque está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo. Las resoluciones firmes suman algo más de 100 millones y el Ayuntamiento tiene retenidas decenas de propiedades entre fincas, parcelas, locales comerciales y plazas de garaje de más de una veintena de excargos del GIL. Existen embargos preventivos sobre bienes suntuosos como un avión y un helicóptero.

En la práctica, las arcas municipales han ingresado 1,89 millones de 13 personas, entre ellas, el exalcalde Julián Muñoz (27.101 euros), Juan Antonio Roca (600.000 euros) y el expresidente del Sevilla José María del Nido, que ha abonado 350.000 euros de los 2,7 millones que debe pagar al Consistorio por la responsabilidad civil fijada en el caso Minutas. Su exmujer, también condenada en este procedimiento, ha satisfecho 50.000 euros.

La madeja judicial derivada de los años de gestión del GIL parece infinita, aunque una de las prioridades que se marcó el PP al llegar a la alcaldía en 2007 fue recuperar los fondos públicos expoliados. Las fuentes consultadas cifran en alrededor de 300 los procedimientos penales y quedan vivas unas cinco causas por alcance contable, del medio centenar que se abrieron inicialmente. En el ámbito contencioso-administrativo existen unos 1.000 pleitos, de los 400 están vinculados al Plan General.