PP y PSOE planean ceder a la Xunta la mayoría del urbanismo municipal

Más de la mitad del territorio de Galicia podrá ser ordenado sin esperar a que cada ayuntamiento logre superar la compleja tramitación de un plan de urbanismo municipal, con la tensión política y vecinal que ello ha venido generando en las últimas décadas allí donde se ha intentado. A cambio, las localidades más pequeñas y sus ciudadanos tendrán menos capacidad para decidir por sí mismos su modelo de desarrollo. La nueva planificación municipal exprésserá posible gracias a una medida que la Xunta ha incluido en su propuesta de nueva Lei do Solo de Galicia, a la que el PSOE mostró ayer su apoyo y que el PP quiere ahora ampliar al mayor número de ayuntamientos posibles.

El borrador de la nueva ley que impulsa el Gobierno gallego incorpora un nuevo tipo de figura de planificación urbanística, el denominado Plan Básico. La Xunta lo ideó inicialmente para municipios de menos de 5.000 habitantes que no cuenten con planeamiento general. Ese Plan Básico sería dictado por el Gobierno gallego desde Santiago para cada ayuntamiento que lo solicite y en él, sin entrar en el detalle de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), se identificarán de forma genérica los núcleos rurales, los distintos tipos de suelos rústicos y los que por sus características pueden ser considerados urbanos. En cada una de esas categorías se aplicarían “ordenanzas tipo”.

De los 314 ayuntamientos de Galicia, 199 tienen menos de 5.000 habitantes y ocupan el 65% de la superficie total. Según las cuentas de la Xunta, 54 de ellos no tienen planeamiento de ningún tipo y otro centenar cuenta con ordenaciones muy antiguas y se podrían beneficiar también de los nuevos planes básicos. Pero ahora el PP acaba de pedirle a la Xunta “evaluar la posibilidad de no restringir” ese instrumento con un criterio demográfico e impulsarlo en municipios “de marcada funcionalidad rural y baja complejidad urbanística” aunque tengan más habitantes así como permitir “la participación de los Ayuntamientos” en su elaboración. El Gobierno gallego deberá ahora concretar esa definición más amplia en el proyecto de ley que remitirá al Parlamento para su debate, pero el portavoz de urbanismo del PSOE, Xosé Sánchez Bugallo, se mostró ayer favorable a esa extensión.

Alcaldes de todo color se han quejado recurrentemente de lo complejo que es tramitar un PXOM, pero sobre todo de la tensión política y vecinal que supone definir el futuro urbanístico de sus ayuntamientos. Las hemerotecas están salpicadas de plenos reventados por algún colectivo afectado, duros enfrentamientos verbales entre gobiernos y oposiciones y acusaciones de recalificaciones ilegales que en no pocos casos han llegado a los juzgados. La conflictividad a la hora de redactar un PXOM es tal que muchos Ayuntamientos que habían iniciado el trabajo lo han aparcado para evitar esos problemas, según admiten fuentes de la Federación Galega de Municipios e Provincias. El portavoz del PP, Román Rodríguez, admitió ayer que populares y socialistas tienen “un número significativo de alcaldes que comparten los mismos problemas”.

Desde AGE el diputado Antón Sánchez indicó que su formación no puede valorar aún la nueva figura del Plan Básico porque ni la Xunta ni el PP han concretado aún su contenido. Por el BNG la diputada Ana Pontón mostró sus sospechas de que los populares pretendan “recuperar lo que ya existe con las normas subsidiarias provinciales”, marco general dictado hace varias décadas para los municipios carentes de planeamiento. “Debe haber un cambio de modelo en profundidad”, argumenta Pontón, quien teme que la tramitación de los nuevos planes básicos sea “oscurantista” y sin participación municipal ni ciudadana.