Lorenzo del Río reclama autonomía financiera y de gestión para la Justicia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha reclamado este jueves una “cierta autonomía financiera y de gestión” para la Justicia después de que un año más advirtiera de los problemas que padece sin que hasta la fecha se hayan dado “avances significativos”.

La alta litigiosidad, un número de jueces “relativamente reducido”, el razonable número de funcionarios y la elevada dispersión hacen evidente la “debilidad” de la Justicia, incapaz de conseguir la “eficacia y calidad esperada”, ha explicado. Los datos de la actividad en Andalucía de 2013 revelan un descenso del 3% respecto al año anterior en asuntos registrados, si bien eso no es suficiente. La tasa en la comunidad es de 220 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes. “Mucho nos tememos que seguirá siendo, un año más, la más alta de España”.

Según consta en la memoria presentada este jueves, en Andalucía se registraron en 2013 1.856.887 asuntos, una cifra “demasiado elevada”, algo que, según del Río, impide con los actuales recursos dar una respuesta “de calidad”. No es que se trabaje poco, puesto que el nivel de productividad es “bueno”, argumentó. Se han resuelto en los órdenes jurisdiccionales —salvo en social— más asuntos de los que han ingresado. El problema es la tasa de congestión, que es el número de asuntos registrados más los pendientes. Hay obviamente una dificultad para rebajar ese volumen “con la actual planta judicial”. Por eso del Río ha lamentado no tener “capacidad de gestión”. Y ha sugerido que sería “bueno” que la hubiera como en otros ámbitos como el académico. El hecho de que el poder judicial “tenga que pedir siempre el plácet” del resto de Administraciones “no viene bien y es un sistema que no es el correcto”. Dejaría además de ser un “poder mendicante”, ha manifestado.

Entre las tareas que el TSJA considera “urgente e imprescindible” abordar está la reordenación de efectivos con modificación de plantilla y reasignación de funcionarios, una reforma “sencilla” y a la vez “sensible”, ha reconocido su presidente, que ha apelado a la “sensibilidad y generosidad” de las partes implicadas.

Racionalizar la justicia penal o llevar a cabo una verdadera renovación tecnológica son otras de las prioridades del alto tribunal, que hizo público los datos de actividad en los que destaca el descenso en la jurisdicción civil del 7%, un 5% en la social y un 3% en la contencioso-adminstrativa. Como en otros años, la penal acaparó el 78% de los asuntos registrados. Su reforma sigue siendo una de las mayores “asignaturas pendientes del legislador”, ha indicado. Del Río ha avisado también del riesgo de “colapso” en la jurisdicción mercantil por el incremento de asuntos sobre las condiciones generales de la contratación y anulación de las cláusulas suelo.