El fiscal pide a la Audiencia que obligue a Alaya a elevar los ERE al Supremo

La Audiencia de Sevilla decidirá en breve sobre si parte del caso ERE sale de la lupa de la juez Mercedes Alaya y se eleva al Tribunal Supremo. La cuestión estará sobre la mesa de la Sección Séptima para que los jueces deliberen sobre este aspecto tan peliagudo que afecta a los dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como cinco exconsejeros del Gobierno andaluz. Será después de que Alaya dé traslado a las partes del recurso presentado ayer por la Fiscalía Anticorrupción para que la rama política y de financiación del fondo de los ERE pase a ser instruido por el alto tribunal.

Los fiscales han pedido a la Audiencia que obligue a la juez a enviar el caso al Supremo dado que afecta a aforados y esta línea de investigación está “agotada”. El ministerio público recurrió el último auto de Alaya por el que esta retuvo el caso la semana pasada, lo cual supondría la elevación de la rama política si los superiores de Alaya así lo estiman.

En su extenso recurso de apelación, los fiscales matizan que entienden “agotada la investigación (...) contra las personas que gozan de fuero [los dos expresidentes y los cinco exconsejeros]”. La Audiencia ya apremió a Alaya el pasado octubre para que enviara dicha instrucción al Supremo porque consideraba que “podría haberse alcanzado el límite de la instrucción”, pero la juez ignoró a sus superiores y expuso sus razones para retenerlo. Antes, durante el verano, la Audiencia ya urgió a Alaya a “apurar y depurar” la investigación sobre el fraude antes de inhibirse. Ahora está por ver si los jueces mantienen su rumbo o dan un golpe de timón y conceden un margen a Alaya.

Si la semana pasada Alaya justificó su decisión de conservar la causa porque quedaban pruebas relevantes por incorporarse al sumario, ya que estima que la investigación es ahora inescindible y por la posibilidad de que se produjeran sentencias contradictorias, ahora los fiscales enumeran sus argumentos en contra del criterio de la magistrada. “La práctica de diligencias pendientes (...) no aportarán hechos nuevos que puedan ser objeto de imputación, sino que vendrán a perfilar los mismos y a determinar aún más a sus autores”.

Los fiscales habían propuesto la división de la causa en más de 200 piezas separadas para investigar y enjuiciar por separado cada uno de los expedientes subvencionados por la Junta. Anticorrupción proponía tres bloques, uno para los ERE, otro para las sobrecomisiones y un tercero para analizar el procedimiento utilizado en el fondo, que afectaría a los 20 altos cargos imputados y a los aforados.

Y Alaya se opuso por el riesgo de que diferentes tribunales emitan sentencias contradictorias respecto a la misma causa. Ahora los fiscales contraatacan para minimizar esta posibilidad: “Sin negar categóricamente que se pudieran llegar a producir [estas sentencias enfrentadas], entendemos que entre los tres bloques que se proponen no sería relevante tal contradicción ni tampoco que se diera la contradicción en el primer bloque si este responde a los hechos objeto de enjuiciamiento”. Además, los fiscales restan importancia a las diligencias pendientes y que afectarían a la rama política, como las peticiones de documentación a los auditores de la agencia Idea.

De fondo late una polémica por la separación en 200 piezas de la causa que propone la fiscalía, ya que para varios imputados [especialmente de la Consejería de Empleo y la agencia Idea] esto supondría un calvario judicial en caso de que prosperara, ya que serán acusados en decenas de juicios en una especie de infierno procesal.

Por otra parte, la juez ha acusado a Álvaro Ruiz-Mateos de conocer el pago de 6.960 euros al exdirector de Trabajo Javier Guerrero que su familia realizó a través de la empresa Dhul “a modo de dádiva o recompensa” para la empresa del chófer de Guerrero Lógica Estrategia Empresarial. “Creo que Guerrero no tiene ninguna relación con la familia”, alegó el imputado al asegurar que ignoraba el supuesto pago al ex alto cargo de Empleo. Alaya ha imputado al hijo del empresario jerezano de cohecho, falsedad y tráfico de influencias. El exdirectivo de Dhul ha puntualizado que hubo “varias reuniones” con el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías “para cerrar el proyecto de la adquisición por Dhul de la fábrica de Primayor, unos contactos que Zarrías ha admitido. Finalmente, Ruiz-Mateos ha defendido que Dhul “siempre fue una empresa rentable” y que ignoraba por qué la Junta le concedió 10 millones para su ERE.