Alaya rectifica y pide auxilio al Supremo para notificar la preimputación a aforados

Mercedes Alaya, la juez del caso ERE, considera que actuó de forma correcta al enviar  a dos guardias civiles como "meros portadores" al Congreso y al Senado para comunicar un oficio de "preimputación" a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, aforados por sus condiciones de diputado y senador, respectivamente. Ambas Cámaras devolvieron el oficio y advirtieron que el procedimiento tiene que ser a través del Tribunal Supremo. En un auto del pasado martes, la juez insiste en que actuó correctamente, pero admite el procedimiento y ruega auxilio a su juzgado para notificar el auto en el que se preimputaba a los dos expresidentes y cinco exconsejeros. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha respondido de inmediato y enviado los autos contra los aforados a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, quienes los han hecho llegar a los destinatarios.

Alaya detalla en su resolución que conoció por los "medios de comunicación" la negativa de las Cámaras a "realizar las notificaciones" y la reclamación de las mismas para que se efectúe a través del Supremo. La juez, quien previamente argumentó que desconocía el domicilio de los expresidentes, pese a que las fuerzas de seguridad han prestado servicios de vigilancia en las viviendas, cree que esta "cuestión" no guarda relación con la "colaboración" solicitada al Congreso y al Senado para cumplir con el artículo 118 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, al que considera que debe darle "obligatoriamente cumplimiento" ya que la notificación de la resolución es imprescindible para que "adquiera eficacia".

En este sentido, la juez entiende que los "poderes públicos han de prestar la colaboración necesaria", pero admite las recomendaciones de los responsables del poder legislativo y solicita el auxilio del Supremo.

Argumenta también la magistrada en el auto que tras la negativa, "se puso en contacto con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y este le derivó al gabinete de presidencia del Tribunal Supremo donde le informaron, según Alaya, que durante la anterior presidencia se acordó, "en virtud de comunicaciones internas mediante cartas", que las solicitudes de diligencias a las Cámaras, "se canalizaran" a través del presidente del alto Tribunal.

El pasado martes, el presidente del Congreso, Jesús Posada, y el del Senado, Pío García Escudero, declararon que Alaya no tiene competencias sobre personas aforadas. Así lo establece la norma, con independencia de comunicaciones internas de resoluciones del Supremo a las que alude la juez. No obstante, Posada rechazó que la Cámara vaya a presentar una queja contra la juez, como sí hizo el Parlamento andaluz.

El mismo presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha confirmado este jueves que ha recibido el auto de "auxilio" de Alaya y ha insistido en el "erróneo" procedimiento que ésta utilizó para comunicar su decisión.

El auto que pretende comunicar Alaya es una preimputación en virtud del mencionado artículo 118 bis,que permite a los aforados sobre los que haya indicios de delito personarse en una causa, acceder a las diligencias, proponer pruebas, participar en los interrogatorios o declarar voluntariamente ante el juez instructor. La juez defiende que solo se limita a comunicar “la existencia” del procedimiento judicial “a fin de que puedan personarse en la causa si ese fuera su interés”. Alaya ve “cierta carga incriminatoria” en los siete aforados, que podrían haber incurrido en los delitos de “prevaricación y malversación entre otros”.

Chaves sólo declarará ante el Supremo

El expresidente andaluz Manuel Chaves ha recibido este jueves el escrito "por el cauce legal correcto" y ha advertido que, si tiene que declarar, sólo lo hará en el Supremo.

Chaves no ha querido ampliar sus impresiones sobre la actuación de la instructora y se ha limitado a insistir en que, al intentar hacerlo con la Guardia Civil en el Congreso, "estaba cometiendo una ilegalidad". El expresidente andaluz ha calificado el incidente de "muy burdo y muy confuso", en especial porque se trataba de la segunda vez que la juez era advertida por dirigirse directamente al Congreso.

El diputado socialista también ha dicho a Europa Press que le "sorprende" la supuesta dificultad de Alaya para localizarle en su domicilio ya que es "el mismo" desde hace 20 años. "La gente sabe dónde vivo yo y he tenido servicio de escolta domiciliario, por lo que decir que no se ha localizado mi domicilio suena a excusa", ha dicho el diputado, a quien también le ha "extrañado" que la Guardia Civil, "que es institución muy eficiente", no haya podido localizar su vivienda. Finalmente ha advertido a la magistrada "que el Congreso no es un centro de trabajo o una empresa", como ella argumentó en su oficio, "sino donde se deposita la soberanía nacional".