El fiscal pide cárcel para exresponsables de una fundación afín a Unió

La Fiscalía ha pedido penas de hasta 17 años de cárcel para los antiguos responsables de la fundación Cataluña y Territorio —afín a Unió Democràtica— por vaciar los fondos de la entidad. En su escrito de calificación, el fiscal solicita esa elevada pena a dos exvocales y empresarios (Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés) por una ristra de delitos. Para el presidente de la fundación, Josep Boqué, pide una condena de ocho años de cárcel y el pago de una multa de 46.500 euros. Parte de los fondos desviados acabaron beneficiando a Unió.

La acusación también se dirige contra el exgerente del partido democristiano y exalcalde de Vilassar de Mar, Josep Maria Núñez: dos años y cuatro meses de cárcel por los delitos de apropiación indebida y administración desleal. La semana pasada, el exgerente murió, lo que obligará al fiscal a modificar sus conclusiones. Sus abogados entregaron ayer al juzgado que instruye la causa el certificado de defunción.

El escrito del fiscal deja a las claras que Unió se benefició de una trama delictiva que, presuntamente, vació los fondos de Cataluña y Territorio en beneficio propio y, también, de la formación que dirige Josep Antoni Duran Lleida. Los responsables de la fundación eximieron a Unió de pagar el alquiler de algunos locales y, posteriormente, se los vendieron “a un precio inferior al de mercado”, según el fiscal.

Además de esa “condonación de la renta”, sigue el escrito, la fundación pagó servicios a una empresa privada que, en realidad, debía abonar Unió. El partido tenía una deuda con Kontrast Productions, la empresa que le organizaba congresos, reuniones y jornadas. Según declaró su administrador, el exgerente Núñez le dio instrucciones para que enviara las facturas pendientes a sociedades del grupo IMS, controlado por los exvocales de la fundación. La cantidad por la que resultó beneficiado el partido asciende a 370.000 euros.

El caso se encuentra ahora a un paso de llegar a juicio. Durante la instrucción, el juez dio la condición de responsable civil “a título lucrativo” a Unió, por haberse beneficiado de un delito que no ha cometido. El partido ya ha devuelto 195.000 euros: 160.000 euros por la parte de los locales que aún no había pagado y otros 35.000 por los alquileres pendientes. La defensa del partido, sin embargo, discute que deba hacerse cargo también de las facturas de la empresa Kontrast.

En su escrito, el fiscal no incluye a Unió como responsable civil. Considera que los exdirigentes de la fundación y el exgerente son quienes deben indemnizar a la fundación, “en aquella parte del perjuicio que no ha sido ya reparada” por Unió. Eso incluye la diferencia entre el precio pactado y el de mercado por la venta de los locales, los intereses pendientes por los alquileres y las facturas abonadas a Kontrast, que ascienden a un total de 178.000 euros.

Los exvocales y empresarios, principales implicados en la causa —que incluye media decena de subtramas— deberán indemnizar a la fundación con 1,7 millones, el importe “de los fondos ilícitamente desviados” a sus sociedades.