La juez Alaya desoye al fiscal y retiene el caso de los ERE

La juez Mercedes Alaya se opone a dividir el caso de los ERE y remitir la parte que salpica a los aforados al Tribunal Supremo. En un auto conocido ayer, la magistrada justifica su decisión de retener la causa en que quedan pruebas relevantes por llegar y en que la investigación es ahora inescindible por la conexión que hay entre las diferentes vías de investigación.

Alaya da así un portazo a la petición que hizo la pasada semana Anticorrupción, una medida con la que pretendía ordenar la macrocausa. La propuesta de los fiscales pasaba por dividir la causa en tres partes bien diferenciadas. Una, relativa al procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas, que debía ser enviada al Tribunal Supremo por afectar a aforados como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros. Una segunda parte destinada a analizar las sobrecomisiones que se pagaron por los ERE. Y en tercer lugar, sugerían hacer una pieza separada por cada expediente que se hizo para dar ayudas a empresas (lo que daría lugar a decenas de piezas).

Alaya rechaza esta propuesta de los fiscales, que ve extemporánea, por razones procesales y porque faltan informes por llegar a sus manos. La juez subraya la conexión que hay entre las diferentes líneas de investigación abiertas y aboga por mantener la unidad de la causa para evitar en el futuro hipotéticas sentencias contradictorias.

La negativa de la magistrada supone un nuevo choque con los fiscales Anticorrupción, que a lo largo de la investigación han dejado entrever en varias ocasiones su malestar con la forma de instruir de Alaya. Los fiscales tuvieron la semana pasada el respaldo del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien subrayó que “ha llegado la hora” de que el caso de los ERE se parcele para poder avanzar en una investigación que supera ya los tres años y acumula unos 150 imputados.

Entre la documentación pendiente, Alaya cita el atestado de la Guardia Civil sobre las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, que ya está en el juzgado; atestados sobre la agencia Idea (a través de la cual se pagaban las ayudas de los ERE) y la Consejería de Innovación sobre el procedimiento de pago las ayudas; informes de la Intervención del Estado sobre la Comisión de Hacienda del Parlamento y un documento sobre las sobrecomisiones de la Dirección General de Seguros.