Una edil de Ourense pide a sus compañeros imputados que dimitan

Mónica Vázquez, una de las concejalas socialistas críticas del Ayuntamiento de Ourense, pidió ayer a sus compañeros de gobierno imputados que, por ética, dejen el cargo. “Algunos compañeros tendrán que hacer autocrítica porque yo la haría si estuviese en ese caso. No me refiero a nadie en concreto, pero yo me autoexigiría no continuar”, aseguró. Vázquez, que no está imputada pero que sí está suspendida de militancia por ausentarse de una votación en un pleno, matizó que en su escala de valores “la ética debe primar por encima de todo”. “Allá el recorrido que quiera hacer cada uno, pero en mi óptica personal eso no cabe”, insistió. El día anterior ya había deslizado esa misma idea.

El alcalde ouresano, imputado por adjudicar una obra presuntamente a dedo y denunciado en otras tres causas, redujo estas palabras a “una respetable opinión personal”. Agustín Fernández recordó que el PSOE estipuló el cese de los imputados con la apertura de juicio oral. Vázquez, que es procuradora, lanzó este órdago en la puerta de los juzgados. A la misma hora, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, declaraba en una de las cuatro denuncias que la mantienen imputada. Una promotora la acusa de prevaricar por conceder licencia definitiva a una residencia universitaria sin haber ejecutado la urbanización. Dos tribunales han declarado ilegal esa licencia y han decretado su cierre. Soto defendió que pretendía “reponer la legalidad” y acusó al denunciante de querer cerrar una dotación pública para presionar al Ayuntamiento en otras áreas. Yel letrado de la empresa responde que “ese cuento ya no cuela porque la ilegalidad de la residencia no tiene nada que ver con los aprovechamientos urbanísticos”.

En la instrucción figura un informe municipal del pasado mes de febrero que certifica que “no se ha cumplido el condicionante de la licencia concedida en 2000”. Aquel año, el PP impulsó la obra y permitió su apertura al margen de la ley. Tras acceder a la alcaldía, el PSdeG mantuvo la situación irregular, hasta que en 2011cambió de criterio y concedió la licencia definitiva en un proceder “extraordinariamente arriesgado cuando no constitutivo de infracción penal”, según uno de los jueces que tumbó los permisos. En esta causa también está imputado un técnico municipal.