PSOE e IU ralentizan el nuevo plan de ajuste en las empresas públicas

El plan de adelgazamiento de las empresas públicas de Andalucía no es como una dieta al uso. No se sabe ni su peso y estatura exactas, ni cuántos empleados la integran, ni los directivos asalariados, ni el sueldo de estos. Lo que se conoce es que por término medio tienen que consumir un 5% de presupuesto menos para este año y que con esta gasolina deben ajustar su funcionamiento, bien a través de la reducción de plantillas, de horarios, de retribuciones o de gastos corrientes. El plazo que tienen para hacerlo es antes de final de año, aunque esta medicina debería ser de aplicación gradual.

La reforma del sector público es para todos los Gobiernos una patata muy caliente porque toca nervios sensibles como el empleo y la forma por la que se accede a cobrar un salario público. Cuando en 2010, el Ejecutivo andaluz acometió por decreto sanear este sector —que el PP califica de Administración paralela—, la principal consecuencia fue la unidad de todos los sindicatos de funcionarios en contra de la propuesta. Las aguas están ya más calmadas, pero el recuerdo de la fuerte contestación sindical permanece, sobre todo, en la memoria de los gobernantes socialistas y también, en la de sus socios de Izquierda Unida.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, no ha dado datos del número total de empleados del conglomerado público, ni del número de directivos contratados, ni de los planes de ajuste que todos los entes instrumentales han presentado en el mes de enero, como estaban obligados. “Hay una sensación permanente de oscurantismo y nada más lejos de la realidad”, ha dicho en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha sido preguntada en varias ocasiones por estos datos. Hacienda ya intentó hace dos años controlar que los entes cumplieran con este tratamiento, pero la consejería no tenía capacidad normativa para hacerlo. En la ley del Presupuesto de la Junta para 2014 sí hay una norma que le habilita para ejercer esta función.

Montero analiza los planes de ajuste que han presentado las empresas

Montero ha calculado el número de personas que trabajan en el sector público a ojo, en unas 27.000. Mil menos fue la cifra que dio su antecesora, Carmen Martínez Aguayo, en una comparecencia parlamentaria en mayo de 2013, mientras que en el grupo parlamentario socialista dan la de 28.000.

En el informe de fiscalización de la Cuenta General, Contratación Pública y Fondos de Compensación Interterritorial, del ejercicio de 2012, la Cámara de Cuentas contabiliza una plantilla media de 23.445 personas en 53 entidades empresariales y 31 fundaciones. En las primeras trabajan 20.046 y 3.399 en las segundas. En este informe no están contabilizados los datos de las sociedades mercantiles participadas por la Junta, ni la de los consorcios.

La cifra más exacta del personal que trabaja en la Junta la dio en noviembre de 2010 Carmen Martínez Aguayo. A esa fecha, en la Junta trabajaban 266.999 personas, de las que alrededor del 10% lo hacían en las empresas públicas. En concreto, 26.936, bien en agencias públicas empresariales, entidades de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones o consorcios.

La propia Aguayo dijo que el 56,4% de los trabajadores del sector público pertenecían al área sanitaria, educativa, de servicios sociales y servicios medioambientales. Rebatía así la crítica gruesa del PP de que las empresas estaban integradas por “enchufados” más o menos ociosos pertenecientes a la órbita socialista. La Junta dice ahora que el alrededor del 80% de la plantilla del sector público se dedica al área social, pero sin dar datos precisos.

La Consejería de Hacienda está analizando los planes de ajustes presentados por los entes instrumentales pero, a tenor de lo dicho por Montero, sin apretar las tuercas. “Son reuniones técnicas”, ha dicho, en las que se pretende hacer un “trabajo de síntesis”, sin “levantar actas” y sin que los técnicos de su departamento ejerzan de “inspectores”, “policías” o “notarios”,

“Se está retrasando bastante”, admite el diputado de IU Pedro Vaquero

Según Montero, en estos planes, algunas propuestas “impactan en medidas de personal” en las que no se contemplan despidos “masivos”. La consejera de Hacienda ha dicho que ahora mismo no hay una propuesta para suprimir algún órgano, aunque en las consejerías se plantean “permanentemente” esa posibilidad en función de su eficacia. Montero se ha escudado en varias ocasiones en que los entes instrumentales tienen sus propios convenios, por lo que su “forma de funcionamiento es distinta de la Administración general”. Cuando se le ha preguntado si Hacienda sabía el número de directivos a cargo del Presupuesto andaluz sostuvo que la Junta “está trabajando en esa arquitectura de información”.

Montero ha opinado que “se ha dado un paso de gigante” este año con la publicación de los presupuestos de todos los entes instrumentales y ha recordado que la anterior reforma supuso un ahorro de 200 millones por la supresión de 113 entes públicos y la eliminación de 294 puestos directivos.

Los partidos que integran la coalición de Gobierno mantienen desde principios de año conversaciones sobre esta reforma. Por parte de IU uno de sus interlocutores es el exdiputado Pedro Vaquero. “Se está retrasando bastante, pero va. Queremos tener una radiografía acertada y Hacienda la está haciendo ahora. Sigue habiendo problemas administrativos. En algunas agencias se están ejerciendo las funciones por personal contratado donde no hay funcionarios. No queremos echar a nadie, pero sí mayor eficacia. En otras empresas puede sobrar personal. Hay una agencia con seis personas y tres de ellas son jefes y eso es una barbaridad”, afirma.

Vaquero ha sostenido que en las agencias públicas que dependan de Izquierda Unida se hará lo mismo que se hizo en la antigua empresa pública del Suelo, donde se prescindió de trabajadores externos y de 42 directivos. En el PSOE admiten que cualquier decisión se tomará una vez pasadas las elecciones europeas del 25 de mayo.