Velasco se basa en el terrorismo para no archivar el caso Ellacuría

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido continuar con la investigación del asesinato en El Salvador en 1989 de cinco jesuitas españoles, entre ellos el vasco Ignacio Ellacuría, porque la reforma de la justicia universal permite que prosiga con la causa por el delito de asesinato terrorista. Sin embargo, Velasco ha levantado en un auto dictado hoy el procesamiento de veinte militares salvadoreños por lesa humanidad, ya que la reforma de la justicia universal estipula que un juez español solo puede investigar este delito cuando los imputados sean españoles o residentes en España. Por ello, y en virtud a la reforma, el juez solo puede continuar con el procesamiento de los militares en relación a los asesinados de las víctimas de nacionalidad española, cinco de las ocho, por lo que quedarían fuera un jesuita y dos mujeres. El juez decide seguir con la causa a pesar de que la reforma de la justicia universal decreta el sobreseimiento automático de todos los casos hasta que se compruebe si los puede investigar un juez español.

El Supremo debe de

Lo hace al considerar que la reforma es "ilógica" porque, a su juicio, es "contradictorio" que el juez deba archivar y luego decidir si la causa se ajusta al cambio legislativo y debe seguir con la instrucción. Para Velasco, el único que puede decidir si continuar con la causa es el juez de instrucción, y en este caso faltan indagatorias por practicar y están pendientes reclamaciones internacionales de varios procesados, que impiden acordar la conclusión sumarial. Cumpliendo con la reforma, el juez también ha elevado este asunto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que determine si el juicio celebrado en El Salvador por estos hechos fue un fraude de ley, tal y como cree Velasco, con lo que se no se consideraría que no han sido investigados. El Supremo debe ahora analizar, según Velasco, si el juicio en El Salvador fue "un mero fraude, una formalidad para aparentar la realización de una justicia que no fue tal, ante el hecho de que no hizo comparecer ante el tribunal ni a los inductores y ordenantes del crimen, ni aún a todos sus autores materiales, recibiendo el jurado instrucciones políticas".

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional admitió una querella contra los militares casi veinte años después del asesinato de los seis jesuitas y dos mujeres empleadas por ellos en 1989. Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de ese año, cuando un grupo de soldados del Ejército salvadoreño entró en la UCA y mató a los seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles y uno del país centroamericano. En el ataque también fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años. El 30 de mayo de 2011, el magistrado ordenó la busca y captura de veinte militares salvadoreños por asesinatos terroristas y delito de lesa humanidad.