Anticorrupción pide a Alaya que eleve el caso de los ERE al Supremo

La Fiscalía Anticorrupción se ha unido a la Audiencia de Sevilla y ha pedido a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, que envíe al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, todos ellos políticos aforados a los que Alaya ha señalado en la causa como preimputados.

Los fiscales estiman que la investigación sobre el diseño del fondo de los ERE está “agotada” y que la magistrada debe desprenderse de las pesquisas sobre la anterior cúpula del Gobierno andaluz. Hace solo cinco meses la Audiencia de Sevilla ya urgió a Alaya para que enviara esta instrucción al alto tribunal porque había alcanzado “[...]el límite máximo”. Y la respuesta de la juez fue desoír a sus superiores y retener la causa bajo la excusa de que la mayor parte era “inescindible”, una réplica que podría repetir ahora dado que el escenario no ha variado tanto desde entonces.

[...] “Se debe proceder a elevar el conocimiento de la pieza relativa al procedimiento” con el que se pagaban las ayudas “al órgano superior competente atendiendo a la calidad del fuero de las personas reseñadas”, defiende la fiscalía en su escrito remitido al juzgado. El ministerio público pide enviar al Supremo “la instrucción de aquellos hechos concretos de los que existen indicios sólidos”, para así evitar un “mayor retraso en la investigación” de otros hechos sin relación con el diseño y ejecución del procedimiento.

Hace solo dos meses Alaya insistió en la posible responsabilidad penal de “los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía, que en estructura piramidal serían los promotores de un sistema ilegal de subvenciones públicas”. Y en la cúspide de la pirámide Alaya sitúa a los expresidentes y exconsejeros como responsables de haber implantado el sistema, que considera ilegal, durante una década.

[...] En noviembre la juez alegó para retener las pesquisas que aún estaba pendiente de recibir dos atestados y varios informes sobre empresas de la Guardia Civil, el informe pericial de la Intervención General del Estado y el de la Dirección General de Seguros sobre las sobrecomisiones pagadas en los ERE. Y avanzaba que el final de la instrucción “no está lejos”, aunque sin aclarar fechas. [...] Ahora Anticorrupción disiente y considera que para dar carpetazo a esta instrucción parcial, solo era necesario el informe de la Intervención, entregado el pasado diciembre, y que respaldaba las tesis de Alaya sobre el fondo y censuraba el papel de los responsables de la Junta.

El escrito tiene su peso y los fiscales hacen balance de la causa, antes de subrayar cierto punto de inflexión tres años después del inicio de las pesquisas. Si el fondo consistió en 126 ERE (que costaron 582 millones) y 275 ayudas directas a empresas (por 127 millones), los supuestos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y falsedad atañen ya a 144 imputados, al margen de los siete aforados preimputados. Esto es, una causa “extensa y compleja”, recalcan los fiscales.

Ante este panorama, Anticorrupción da un paso decisivo y pide escindir la investigación en diferentes piezas separadas para poder manejar y gobernar tantas derivadas. Los argumentos de los fiscales inciden en la dificultad para vislumbrar el final de la instrucción: “No solo ya la extensión y complejidad, sino lo incierto del horizonte temporal de la instrucción y enjuiciamiento de esta causa”.

La clave del escrito está en que pide la formación de piezas separadas “para enjuiciamiento”. Es decir, avanza que su modelo ideal para instruir este dinosaurio judicial consiste en piezas separadas dentro un solo procedimiento, que serán enjuiciadas de manera separada. Esto significa que tan pronto esté concluido la investigación de un ERE o una ayuda directa, esta podrá ser calificada por el fiscal y enviada a juicio para su vista oral.

¿Qué significa esto para la causa? Nada menos que desgajar el caso en decenas de juicios y evitar una gran vista oral que englobe los 10 años y entienda las conductas delictivas como un todo continuado en el tiempo. “El elevado número de imputaciones (...) la necesidad de recuperar los fondos públicos presuntamente malversados, justifican la simplificación y activación del procedimiento”, esgrime Anticorrupción, porque entiende que existe “conexidad necesaria”. La intención es que la decena de atestados ya depurados por la Guardia Civil no deban esperar años a que los agentes le hinquen el diente al resto de expedientes pendientes.

Pero claro, según este modelo, imputados como el exdirector de Trabajo Javier Guerrero podrían pasar varios años acudiendo a juicios de manera intermitente. “El fiscal debía definir qué personas está en qué piezas, y si no lo debe aclarar ahora. Nos estamos jugando cuántos años pedirán para los imputados”, exigían fuentes del caso que pidieron el anonimato.

En el relato de la causa, la fiscalía resume la existencia de intrusos (ajenos a las empresas beneficiadas), las ayudas directas a empresas que beneficiaron a “cargos públicos” o “círculos próximos” a estos, el enriquecimiento de las empresas, despachos y mediadores gracias a las sobrecomisiones... Y destaca una faceta hasta ahora pasada por alto durante la instrucción de los expedientes. “El presunto ilícito enriquecimiento” de los empresarios con los ERE subvencionados por la Junta, que permitió un “ahorro” al adelgazar gratis sus plantillas y generar un negocio a partir de las empresas de suelo liberadas.

Tras el escrito del fiscal, Alaya y las partes se pronunciarán sobre el próximo devenir de esta causa tan compleja y relevante.