Pulso sobre el cerro de San Miguel

En tres tiendas de campaña, a la derecha de la fuente del aceituno, en el barrio de San Miguel alto de Granada, montan guardia varias personas. El Ayuntamiento desalojó seis cuevas el pasado día 20 y este domingo los afectados organizaron un encuentro con talleres y música en la zona. Siete años ha tardado el Consistorio en volver a actuar allí con un fuerte dispositivo policial y maquinaria pesada. Y unos días es lo que han necesitado sus moradores para reabrir las cuevas.

El pulso no es nuevo y la complejidad del lugar, el uso y la propiedad tampoco. En 2007, también con José Torres Hurtado (PP) como alcalde, la policía intervino en el cerro. En esta última ocasión, ha habido intentos previos, pero no ha sido hasta tener orden judicial cuando se ha actuado, dice el Ayuntamiento. El Consistorio, que prepara un informe para explicar a la Consejería de Cultura la actuación, ha advertido: en el futuro optará por medidas “más drásticas”.

“¿Y qué van a hacer? ¿más violencia?”, se preguntan algunos de los que han vuelto al que consideran su hogar. Critican la actuación policial, a su juicio, desproporcionada. Llevan días quitando la tierra con palas y han podido entrar a las cuevas que no se han derrumbado. Entienden que el que sigan en pie rebate el argumento del gobierno municipal, que justifica su intervención en su estado “ruinoso”.

La zona, en la parte alta del Albaicín, muy cerca del Sacromonte, está sometida a cautela arqueológica. Las cuevas sobre las que se ha actuado —hay decenas en el monte— son las más próximas a la muralla que separa los barrios. El objetivo es regenerar el paisaje de una parte de la ciudad que, al margen de toda esta polémica, está bastante descuidada. Pero, por el momento, no se ha logrado; más bien al contrario.

Un cartel con la palabra Granada tachada, como si no perteneciera a la capital, da la bienvenida al lugar de la polémica. Algunos de los que allí viven tienen escritura de la vivienda y residen de forma totalmente regular. Otros no, pero están censados. Y algunos más vienen y van. El estado de conservación es dispar.

La intervención del 20 de marzo corrió a cargo del Ayuntamiento, que es el propietario de los terrenos y que defiende su actuación para garantizar la “seguridad” de las personas, ya que insiste en que no son viviendas, sino “agujeros” escarbados en la tierra. Alguna cueva incluso se ha desplomado, reitera la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

La Consejería de Cultura autorizó la intervención, pero sin utilizar maquinaria pesada. Dio permiso para echar tierra, pero pedía que se asegurase la ventilación, para evitar desplomes, y que hubiera control arqueológico, ya que la zona está protegida y no es urbanizable. Pero la delegada de Cultura, Ana Gámez, cree que el Consistorio ha actuado de forma “imprudente”.

El Ayuntamiento esgrime que Cultura le autorizó y poco más tiene que hacer, ya que lo demás corre de su cuenta. Ni se informó de la fecha del desalojo ni se requirió su presencia. Los técnicos implicados son municipales, añade el Consistorio, puesto que es la Administración responsable.

Urbanismo reitera que la seguridad de esas personas es un tema municipal: el terreno es suyo y por eso insiste en el desalojo. No descarta utilizar hormigón en futuros sellados, aunque tendría que autorizarlo la Junta. Los afectados han llevado a los tribunales el último desalojo y también pleitean por la titularidad.

Tampoco hay acuerdo entre los partidos. IU es la formación que ha criticado más el PP por el modo en que llevó a cabo la actuación y por no ofrecer una vivienda alternativa a los desalojados. Los afectados, en cualquier caso, han vuelto y dicen que para quedarse. Enseres apilados y montones de tierra forman parte ahora de ese paisaje que las Administraciones dicen que pretenden regenerar. Lo único que permanece intacto son las privilegiadas vistas.