Primer paso hacia el desalojo

Los vecinos de las casas cueva del cerro de San Miguel Alto, en el barrio granadino del Sacromonte, se despertaron ayer con el ruido de las excavadoras. Eran las 7.45 de la mañana cuando, al escuchar las máquinas, Luis Carreira salió de su casa y se encontró con más de medio centenar de agentes de la Policía Local y Nacional. No puede decirse que la visita le cogiera por sorpresa, pero horas después sí reconocía tener "un poquito de desasosiego".

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), firmó el pasado nueve de enero un decreto en el que ordena la limpieza y el "inmediato desalojo" de las cuevas debido a su estado de "ruina inminente". Los 37 vecinos afectados, que habitan en una veintena de cuevas, han presentado un recurso contencioso administrativo contra la resolución municipal, por lo que el desalojo está ahora en manos de los jueces. Pero para evitar la llegada de nuevos moradores y quizá sembrar algo de intranquilidad entre los que ya las habitan, el Ayuntamiento empezó ayer a cumplir en las cuevas que están vacías el decreto del alcalde, que ordena tapiar el acceso a ellas para garantizar "su inutilización e inaccesibilidad".

A lo largo de la mañana, las máquinas echaron tierra y cubrieron la entrada de una docena de cuevas. "Esto nos pone un tanto nerviosos", dice Luis Carreira, al que todos conocen como Tito y que ejerce de portavoz de los 37 vecinos. "Pero el miedo ya se nos ha pasado", asegura. "Nos hemos puesto en manos de abogados y no nos pueden echar así por así". Aunque la mayoría no tiene título de propiedad de la cueva en la que vive, rechazan con contundencia que les llamen okupas. "Somos más bien rehabilitadores. Hemos arreglado estas cuevas sin ayuda de nadie", advierte Tito. "No hemos obrado de mala fe. Nadie ha roto una puerta o una ventana para meternos en una casa. No nos hemos colado por ningún tejado. Hemos habitado un agujero y lo hemos convertido en nuestro hogar". El que él comparte con su compañera Verónica ha pasado en cuatro años de ser "una escombrera" a todo "un palacete".

A la entrada, a modo de porche, un toldo da sombra a varias sillas y un banco con inmejorables vistas a la Alhambra. Dentro, lo que fue un agujero negro es hoy una casa de paredes encaladas, vestíbulo con suelo de mármol, dos dormitorios, chimenea, cocina, baño y una temperatura media de 18 a 20 grados. Paredes decoradas con espejos, un colchón de goma espuma, algún cuadro, una estantería de tela para guardar la ropa y una bola del mundo. "Yo no necesito nevera, televisión, ni DVD", explica Verónica. Consiguen luz con velas y placas solares. El agua la obtienen, con beneplácito del cura, de la fuente de la Iglesia de San Miguel. La mayoría de los moradores de las cuevas son jóvenes, españoles y se definen como artistas urbanos. Hay pintores, malabaristas, actores. Verónica trabaja en una compañía de teatro de Granada. "Soy actriz con contrato, voy a hacer declaración de la renta y pago impuestos", advierte. Tito hace esculturas y trabajos de "cantería artística". Y ninguno aspira a protagonizar una batalla con resistencia a la autoridad. "No nos vamos a resistir. Si nos tenemos que ir, nos iremos".

El caso está en los tribunales y saben que no podrán ser desalojados sin orden judicial. Pero los vecinos, que se han unido en una asociación, están dispuestos a hablar con el Ayuntamiento. "No queremos que nos manden a la policía para meternos miedo. Lo que nos gustaría es que subiera alguien para dialogar. Seguro que encontramos un punto en común. Y si no, que el juez decida". De momento, como ningún representante municipal ha subido a explicarles la situación, ayer por la tarde bajaron ellos e hicieron una sentada a las puertas del Consistorio.

El decreto que ordena su desalojo basa la medida en la "falta de seguridad" y la "insalubridad" de muchas de las cuevas, pero los vecinos afirman que las que corren peligro son precisamente las deshabitadas, como las que ayer precintó la policía. "Ahora cuando las cierren y se queden sin ventilación sí que se van a caer", advierte Tito. Un enorme pancarta colgada de la muralla de San Miguel ahonda en esta teoría: "La única ruina que nos amenaza es la de vernos sin casa".

Como casi todos los que viven en este cerro, Tito también cree que el Ayuntamiento se mueve por "intereses especulativos". "A esto le quieren dar uso turístico", afirma. El portavoz del gobierno municipal, Luis Gerardo García Royo, insiste, sin embargo, en que la operación forma parte del proyecto de actuación en la muralla y su entorno y que el objetivo es recuperar todo el espacio, incluidas las veredas y la vegetación típica.