El alcalde de Ourense se comprometió por escrito a pagar la acera de su casa

Hubo un tiempo en el que para el alcalde socialista de Ourense la acera de su casa que debía pagar él pero que acabó endosando al Plan E no era ni deseada ni necesaria. Así lo refleja un escrito firmado por Agustín Fernández en enero de 2007 al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que admitía que debía pagar de su bolsillo la obra, aunque alegaba que no urgía porque era innecesaria y los vecinos no la querían. Con este argumento el ahora regidor evitó tener que ingresar en metálico en la Tesorería Municipal los 10.633 euros del aval que le reclamaba el Ayuntamiento —entonces en manos del PP— para ejecutar los trabajos. Solo dos años después, en 2009, estando ya Fernández en el gobierno local del PSOE, las aceras fueron financiadas con el Plan E.

Los argumentos esgrimidos por Fernández en aquel documento presentado ante el Ayuntamiento de Ourense en 2007 chocan con los expuestos hace cinco días, después de que el PP denunciara los hechos ante la fiscalía. Fernández explicó que su calle “daba pena” y que el ejecutivo municipal la urbanizó con fondos públicos porque “lo pidieron los vecinos”. La acera se incluyó en el Plan E en febrero de 2009, en una junta de gobierno local en la que Fernández, entonces edil de Hacienda del gobierno de Francisco Rodríguez, participó.

En el documento de 2007, el alcalde alegaba que “la urbanización definitiva es casi imposible por innecesaria” ya que “dispone de todos los servicios necesarios” y porque “los escasos defectos de la urbanización se ven claramente compensados con la tranquilidad de la que gozan: los niños que pueden jugar y los mayores pueden pasear tranquilamente sin miedo o los vehículos”. El ahora alcalde insistía entonces en que "como está, está suficientemente bien y si se urbanizase perdería la tranquilidad”.

La pasada semana su argumento fue el contrario: “¿Cuántas calles se urbanizaron con el Plan E? ¿A los vecinos de mi calle no se les puede urbanizar? Lo pidieron los vecinos y yo soy uno más”. “La calle daba pena y aunque era el centro, vivíamos en una calle con tierra, baches, con servicios básicos pero sin acceso rodado”, explicó el alcalde. Este argumento fue repetido hasta en tres ocasiones en 15 minutos.

En 2014, su calle “era como la de un pueblo sin cuidar y los vecinos pidieron que se urbanizase”. También afirmó: “Yo mismo lo pedí para pagar mi parte”. Fernández insistía en la oposición vecinal a la obra que después aprobó siendo concejal: “El Ayuntamiento es improbable que pueda y quiera urbanizar o corto plazo. Tendría la oposición de la mayor parte de los vecinos y se trata de una calle interior y cerrada que no es estratégica”.

El escrito es la alegación que presentó cuando el Ayuntamiento le reclamó el pago del aval en metálico. Fernández rechazó ingresar dinero en las arcas municipales y pidió el mantenimiento del aval. Entonces argumentó que el reintegro “sería, nada más y nada menos, que pagar efectivamente la urbanización sin disfrutar de la misma durante muchísimos años, quizás nunca”. El pasado jueves dijo que estuvo “20 años pidiendo la devolución del aval a todos los técnicos”. “Ellos mismos me decían que era absurdo porque pagamos intereses al banco y no podíamos urbanizar cuando la garantía era nuestra casa”, aseguró. Y añadió: “¿Por qué tenía que estar pagando intereses del aval al banco cuando no podía urbanizar?”.

En el documento de 2007 reclamaba la continuidad del aval bancario “para garantizar la urbanización de la parte de la calle correspondiente a la vivienda, aval cuya devolución en ningún momento se pidió y urbanización que nadie tiene más interés en realizar que el propio interesado”. A los dos meses de ser ejecutada la acera con el Plan E, la junta de gobierno le devolvió el aval. En su última comparecencia pública el regidor matizó que, como en otros casos, los gastos de reurbanización no fueron repercutidos a los vecinos y por eso la Administración local asumió el coste. La licencia municipal concedida a su vivienda unifamiliar quedó condicionada a la ejecución de la acera. Según datos del catastro, la casa de 491 metros cuadrados construidos fue levantada en el año 2005 en una zona semirrural del barrio de San Francisco. En el escrito de alegaciones, Fernández también solicitó la concesión de la licencia de ocupación cuya tramitación había iniciado en septiembre de 2006. La imposibilidad de ejecutar la acera tras cambios introducidos por el último plan de urbanismo suponía “el incumplimiento del reglamento urbanístico, la caducidad de la licencia y la pérdida de la fianza”. Tres años después, el Ayuntamiento urbanizó la calle con el Plan E.