Una edil de Ourense recusa a un juez por comentarios de Facebook

Facebook como verdugo del juez que acusa. El exalcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez, y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, han escudriñado las redes sociales para recusar a Antonio Piña, el juez que investiga algunas de las denuncias penales que han acorralado al Ayuntamiento de la tercera ciudad de Galicia. El escrito con el que pretenden apartar al instructor, aporta comentarios y fotografías de Facebook como pruebas de su “falta de objetividad”. Y es que el juez imputó a toda la Junta de Gobierno del año 2008 por adjudicar a dedo y sin publicidad una obra de 600.000 euros a una empresa de la que es directivo un miembro de la ejecutiva local del PSdeG.

El escrito relata que concurren las dos posibles causas de recusación: enemistad contra los imputados y amistad íntima con Democracia Ourensana (DO), el grupo político denunciante. Además aseguran que Antonio Piña es enemigo de toda la clase política. Los socialistas explican que les “preocupa seriamente” que “haya manifestado públicamente un cierto desprecio hacia los políticos”. Así aportan un comentario de 2011 en el que el juez dijo que “unimos nuestro destino a las decisiones de políticos en los que no creemos que tienen el mismo poder que los clérigos de antes”. En otro comentario de 2012, coincidente en fechas con las detenciones ordenadas en la Operación Pokemon, Piña habría manifestado que le “resulta inadmisible una manifestación para presionar a la jueza y trasladar a la opinión pública una información tergiversada”. Estas expresiones “están próximas a una censura a los poderes públicos”, según los recusadores.

Las amistades del juez también son presuntamente peligrosas. Por eso exalcalde y edil adjuntan fotografías extraídas de Facebook en las que aparece junto a Armando Ojea, un ourensano que ocupó el último puesto de la candidatura de DO en las elecciones locales y que además conduce un programa en la televisión local del líder de este partido político. Creen Rodríguez y Soto que esas fotografías del perfil social de Ojea destapan “poses que revelan una confraternidad que excede la mera cortesía o protocolo”. La recusación insiste en que estas circunstancias “comprometen seriamente la necesaria imparcialidad” porque “el magistrado parece que tiene una abierta desconfianza y hasta enemistad; no solo son mentirosos sino que además son incultos y merecedores de menor compasión que un heroinómano”. La edil dijo esta mañana que “han expuesto con mucho respeto” que existe “una relación íntima, fluida y coloquial del juez con el presentador habitual de Auria TV”, la cadena local de DO. También matizó: “Aunque haya un juez, no significa que haya juicio”.

La Audiencia de Ourense será la encargada de decidir el destino del juez, pero la estrategia urdida por los políticos servirá, al menos, para apartarlo temporalmente. La semana próxima debía interrogar a los nueve ediles socialistas y nacionalistas imputados en el caso de la calle Bedoya. Ahora será otro instructor el encargado de preguntar a los imputados. Según Europa Press el actual alcalde, Agustín Fernández, y el exedil de Medio Ambiente, Demetrio Espinosa, estudian adherirse a este escrito. Fuentes jurídicas consultadas explican que la recusación “podría tener poco recorrido” porque solo afecta a la enemistad manifiesta o amistad íntima con las partes personadas y en la investigación de la reforma de la calle Bedoya, Democracia Ourensana no forma parte de la causa. Hasta la fecha solo actuó como denunciante y no formalizó su personación.

El reparto automático y aleatorio que se hace de las denuncias presentadas en los juzgados, ha querido que Antonio Piña acumule los casos más espinosos e incómodos para el gobierno socialista de Ourense. Además de la presunta prevaricación en la calle Bedoya en la que admiten “posibles errores”, el magistrado también dirige la investigación de supuestas ilegalidades en el servicio de ayuda a domicilio. En este caso, cuya instrucción está a punto de finalizar, permanece imputada por presunta malversación de caudales públicos y estafa la teniente de alcalde, Marga Martín. También indaga irregularidades en la concesión mediante un procedimiento negociado sin publicidad de otra obra de reurbanización materializada por la ya imputada Junta de Gobierno de 2008.