Besteiro prescindirá de las contratas que despidan personal

La Diputación de Lugo, que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro coligado con el BNG, lo llama “cláusulas sociales” para “blindar un empleo de calidad” en las empresas privadas que contraten con la institución. Los nuevos requisitos rigen ya en cinco pliegos de condiciones para adjudicar contratos públicos que emplearán a 83 personas. La institución lucense primará en sus concursos el número de trabajadores con contrato indefinido, las propuestas que impliquen mejoras en las condiciones laborales respeto al Estatuto de los Trabajadores y los convenios profesionales, así como la inserción de trabajadores con discapacidad.

 Durante la ejecución de los contratos las empresas adjudicatarias están obligadas a mantener el número de trabajadores, contratos indefinidos y las condiciones económicas y sociales previstas. La novedad son los castigos que introduce la institución provincial contra las firmas que obvien esa filosofía. Las infracciones de las bases implicarán penalizaciones de entre el 3% y el 10% del presupuesto del contrato. Y si la vulneración es muy grave, puede implicar la suspensión del contrato y la prohibición de volver a hacerlo con la Diputación de Lugo. Ayer el presidente de la institución provincial comprometió que se hará un “seguimiento riguroso para velar por el cumplimiento de estas condiciones” y que exigirá a las subcontratas “además de la factura, documentación que acredite su relación con los trabajadores y lo que cotizan por ellos”.

Las contrataciones que están en marcha para el servicio de vigilancia, limpieza, centro de atención al usuario, proyecto europeo de gobierno inteligente y el aula itinerante de formación. Según explicó Besteiro, “la Diputación blinda 83 puestos de trabajo con la implantación de este modelo de contratación social”.

El anuncio de Besteiro llega un mes después de que su gobierno hubiera anunciado la rescisión del contrato con la empresa que presta los servicios de seguridad en el Pazo dos Deportes y en el Museo Provincial al haber comprobado que la subcontrata alteró las condiciones laborales de sus trabajadores para, entre otras cosas, rebajar sus sueldos. Entonces la Diputación provincial decidió enviar un expediente al Consello Consultivo de Galicia para que informe sobre su propósito de prescindir de dicha empresa.

La Diputación alegó entonces que la reducción de salarios a los trabajadores “infringe el pliego de condiciones del contrato” con la institución provincial que “se basa en el convenio estatal del sector”. El organismo provincial ya había abierto un expediente a la misma empresa el pasado octubre, “ajustándose rigurosamente a la legalidad”. Besteiro se comprometió a garantizar la continuidad en sus puestos de toda la plantilla que prestaba servicio en dichas instalaciones.

Las normas de contratación anunciadas ayer establecen que las firmas que lleguen para prestar servicios que ya venían desempeñando otras firmas “deben subrogar a todos los empleados y respetar los derechos laborales que tuviesen reconocidos en su anterior empresa, incluida la antigüedad”.

En su comparecencia, Besteiro explicó que sus medidas intentan “impedir que alguna empresa se escude en leyes tan nefastas como la reforma laboral del Gobierno central para vulnerar los derechos de los trabajadores en favor de los despidos en precario”. El líder del PSdeG, que este lunes inauguró la campaña de las europeas —los primeros comicios a los que se enfrenta como secretario general— junto al exministro José Blanco, quiso contraponer sus políticas a las que practica el Partido Popular. Así lo defendió: “La contratación pública es una política pública más, una herramienta para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado como institución progresista que prioriza los problemas de las personas y lucha por un sistema económico justo e igualitario”.