Brugal: un manual de saqueo provincial

Un expolítico alicantino describió el caso Brugal como el perfecto manual de saqueo de una provincia. Abusando de la opacidad que otorgan las mayorías absolutas, los intereses políticos y empresariales se han confundido entre oscuras operaciones urbanísticas y contratas de basuras, desde Orihuela a Calp.

El caso Brugal —partido en una veintena de causas entre los juzgados de Alicante, Orihuela y el Tribunal Superior— salpica a políticos desde la presidencia provincial a la concejalía rasa: José Joaquín Ripoll, Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo, Mónica Lorente... La lista de imputados gira en torno a dos empresarios obscenamente mimados en las mesas de contratación municipales, según las investigaciones policiales: Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, los supuestos capos de la trama. Las tres piezas más sonadas de Brugal afectan al urbanismo de la ciudad de Alicante, a la contrata de limpieza de Orihuela y al plan zonal de residuos de La Vega Baja. Solo por la contrata oriolana hay más de 40 imputados.

Y es que de la basura nació el caso Brugal. O, para ser más exactos, de la ambición del empresario Ángel Fenoll, todo un patrón en la Vega Baja que se inició en el negocio de los residuos junto a su padre con un carro tirado por burros, según recuerdan en una pedanía oriolana. Y acabó consolidando un emporio en una comarca de 500.000 habitantes. Desde antes de los noventa, en Orihuela pasan los alcaldes y permanece Fenoll: Luis Fernando Cartagena, José Manuel Medina y Mónica Lorente. Su entendimiento ha sido absoluto. No solo en Orihuela, en seis poblaciones más salpicadas por el caso.

Fenoll, que ante los jueces se presenta como un sencillo empresario apenas alfabetizado, grabó en 2006 a un edil desvelándole que existía un presunto soborno que iba a quitarle la contrata de limpieza de las manos. Entregó la cinta a la Fiscalía y, al final, cumplió sus deseos de conservar la contrata con una unión temporal de empresas en la que controlaba dos de las tres mercantiles.

La lista de imputados gira en torno a dos empresarios: Ángel Fenoll y Enrique Ortiz

Así comenzaron los pinchazos telefónicos de la policía. Las conversaciones de Fenoll sirvieron para imputar a ocho concejales populares del equipo de gobierno, incluida la alcaldesa Mónica Lorente, que disfrutaba de la mayoría absoluta más insultante que había tenido el PP en lo que sería su feudo durante casi un cuarto de siglo. En las escuchas policiales, Fenoll asevera varias veces que quiere hacer alcaldesa a Lorente, lo que casa con la declaración este verano de un policía de Albatera en un juzgado oriolano que investiga la financiación ilegal del partido: Fenoll pagó material de la campaña de 2007.

Actualmente, de los 12 concejales que tiene el PP en Orihuela, cinco están imputados y uno condenado. De estos, cuatro lo están por la adjudicación de la contrata a Fenoll: Mónica Lorente, Araceli Vilella, José Manuel Cutillas y David Costa, imputado además en la pieza del plan zonal de residuos comarcal.

La ambición de Fenoll llegó hasta Calp, ciudad con una pieza aparte del caso. Desde que el empresario no gestiona la basura los ciudadanos pagan tres veces menos por la misma basura recogida.

Tirando del hilo telefónico de Fenoll la Policía llegó a la adjudicación del plan zonal para La Vega Baja, todo un pelotazo valorado en 380 millones de euros para 20 años. Se cruzó Enrique Ortiz, con quien compite por las basuras, pero hace negocios (venta de un geriátrico, compra de terrenos para una planta de residuos, etc.).

La adjudicación del plan le valió al expresidente provincial, José Joaquín Ripoll, la imputación hasta por cinco delitos. Supuestamente, obtuvo de Ortiz dos pisos que superan los 800.000 euros; un precio altísimo para quien en los 30 meses que fue investigado solo sacó 20 euros del cajero.

Del móvil de Fenoll la policía saltó al de Ortiz, quien además de disfrutar de la contrata de limpieza y del vertedero de la ciudad de Alicante (435 millones con IVA en 12 años), posee el 70% del suelo urbano. El dato lo admitió la alcaldesa Sonia Castedo ante el juez que instruye el caso del urbanismo de Alicante. Está imputada junto a su antecesor y confesado maestro, Luis Díaz Alperi, por haber amañado el plan general urbano de Alicante al antojo de Ortiz. Supuestamente, entre varias pretensiones del constructor, accedieron a dar cabida a la multinacional Ikea en unos terrenos suyos, negocio que podría resultar al empresario en un beneficio de más de 30 millones de euros. Actualmente, sus empresas cobran más de 40 millones de euros anuales al municipio.