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PRIVATIZACIÓN SANITARIA

Rodríguez reconoce que habrá que pagar algunos gastos a las concesionarias

El consejero de Sanidad niega que reclamen lucro cesante, pero sí los intereses de los avales

Dos de las tres concesionarias de la privatización acuerdan no exigir los gastos

El consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, ha reconocido hoy durante el pleno de la Asamblea que el Gobierno regional tendrá que pagar alguno de los gastos en los que incurrieron las tres concesionarias que ganaron el concurso público para gestionar seis hospitales. Rodríguez ha anunciado también que dos de esas empresas han acordado con la Consejería no reclamar. Se trata de Sanitas y Ribera Salud. Sanitas ha firmado ya un documento con el acuerdo, mientras que Ribera Salud aún no ha trasladado su intención al papel, según ha explicado una portavoz. Rodríguez anunció a finales de febrero que las concesionarias renunciaban a reclamar a la Administración después de que esta paralizara el proceso de privatización. Horas después las empresas le desmentían. Las negociaciones de días posteriores acaban de dar sus frutos.

Rodríguez ha explicado durante el pleno que la tercera empresa adjudicataria, la puertorriqueña Hima San Pablo, aún está negociando con la Consejería. El consejero ha insistido en que la Administración no va a pagar lucro cesante, puesto que los contratos de gestión nunca llegaron a firmarse. Eso es lo que los expertos en derecho administrativo han estado afirmando desde que el Gobierno regional renunció a seguir adelante con su plan privatizador. Sin embargo, estos mismos expertos aseguran que las empresas sí tienen derecho a reclamar gastos en los que hayan incurrido durante el concurso, puesto que la Administración lo convocó y llegó a adjudicar los seis hospitales. La decisión de paralizar el proceso la tomó el Gobierno regional, no los juzgados, que únicamente lo mantienen suspendido cautelarmente hasta que estudien las denuncias y dicten sentencia. La Comunidad de Madrid sigue sin publicar en el Boletín Oficial que renuncia al concurso y tampoco ha enviado una comunicación al juzgado.

"La posición de Ribera Salud es no reclamar a la Administración, y así se lo hemos comunicado. No hemos firmado ningún documento porque esta posición tiene que ser ratificada por el consorcio en los próximos días", ha asegurado una portavoz de la empresa. "Lógicamente los intereses habrá que pagarlos", ha dicho Rodríguez en el pleno, refiriéndose a la tercera empresa, Hima San Pablo. "Nos han dicho que probablemente nos pasarían unos gastos que han tenido; cuando los veamos los podremos analizar", ha añadido. "Si no hay acuerdo lo que tendrán que hacer será reclamarlo por vía judicial", ha concluido.

El portavoz de Sanidad del grupo socialista, José Manuel Freire, ha preguntado al consejero qué ha prometido a las empresas a cambio de que estas renuncien a reclamar daños y perjuicios. "¿Ha habido algún quid pro quo?", ha cuestionado, y ha añadido que "no hay nada gratis" y que es necesario que haya transparencia en el proceso. Los partidos de la oposición han pedido a la Consejería de Sanidad que haga públicos los acuerdos con las empresas para comprobar en qué términos se han firmado. El portavoz de UPyD, Enrique Normand, ha calificado de "nuevo ejemplo de la gestión temeraria de la sanidad madrileña" el proceso de privatización. Por su parte, el portavoz de IU, Rubén Bejarano, ha pedido al Gobierno regional que "no vuelva a repetir este desastroso proceso".

Un negocio considerable

El plan del Gobierno regional suponía un negocio considerable para las concesionarias. La gestión sanitaria de seis hospitales durante 10 años se sacó a concurso por un importe de 4.680 millones de euros. Las adjudicaciones definitivas a las tres empresas ganadoras se firmaron los días 6, 9 y 19 de agosto pasado, un mes considerado inhábil para muchos actos administrativos, pero que la Comunidad aprovechó para acelerar el proceso.

Los recursos de organizaciones sanitarias y sindicatos ya estaban en los tribunales, pero el Gobierno regional siguió adelante sin esperar a sus decisiones. El 3 de septiembre un primer juzgado ordinario dictó la suspensión cautelar. El 11 de septiembre hizo lo propio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No dio tiempo a que el Gobierno regional formalizara los contratos con las empresas. No llegaron a firmar.

Una de las irregularidades que Afem denunció al TSJM fue la modificación que hizo la Comunidad de Madrid en las condiciones del concurso solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo. Publicó en el Boletín Oficial, como corrección de errores, un cambio sustancial en la garantía que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Incluyó la palabra “anual” en el texto de los pliegos, lo que se traduce en la práctica en una reducción del 90% del aval, puesto que el contrato de concesión es por 10 años. El TSJM considera que ese cambio “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”. Es una de las razones por las que suspendió cautelarmente el plan.

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