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Alaya ve “probabilidad cierta” de condena a Álvarez y otros dos altos cargos

La juez insiste en que eran "promotores del procedimiento ilegal de concesión de ayudas"

La juez Alaya llega esta mañana a los juzgados de Sevilla. Ampliar foto
La juez Alaya llega esta mañana a los juzgados de Sevilla.

“Cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan”, así arrancan los razonamientos jurídicos del auto de 11 páginas de la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, en el que impone fianzas millonarias para la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez, su exviceconsejero José Salgueiro y el ex secretario general y coordinador de presupuestos Antonio Estepa.

A partir de ahí, Alaya delimita los indicios que observa para estas imputaciones. En primer lugar, entiende que los tres acusados, “serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones”. Este, según insiste la juez, es la transferencia de financiación, un mecanismo de traspaso de fondos a una partida para financiar “operaciones genéricas” de entidades públicas. Como en el resto de autos, la juez vuelve a defender que este sistema permitía “eludir los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización”.

Alaya considera que “la adopción de este procedimiento al margen de la ley se iniciaría, entre otros, con la autorización de los inculpados” por ser los encargados de elaborar el Presupuesto de la Junta.

La magistrada entiende que el “uso ilegal de fondos públicos se permitiría a sabiendas”, aunque también admite que “el uso que le dio la Consejería de Empleo a estos fondos públicos no era responsabilidad de los inculpados.”

También achaca la juez en su auto a los imputados la dotación de las partidas de las transferencias de financiación y haber dado “instrucciones, o al menos ser conocedores, de que con este procedimiento era necesario alterar la realidad del presupuesto de explotación del IFA”, Instituto de Fomento de Andalucía que recibía los fondos desde la Consejería de Empleo.

A raíz de estos hechos, la magistrada imputa a los tres antiguos responsables de la Consejería de Economía por malversación de caudales públicos. Para Álvarez reclama una fianza de 29.568.129 euros; para Salgueiro, 22.176.096; y para Estepa 8.870.438.

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