Otra ciudad enlodada en causas judiciales

José Ramón Fernández Morgade, número 14 en la lista ourensana del PSdeG en las últimas municipales, es director financiero de Ocasa, la empresa beneficiada en la adjudicación supuestamente ilegal. Esta compañía está inmersa en otros procedimientos por defraudar al fisco. Si alguno de los ediles imputados dimite, Fernández Morgade será el próximo socialista en hacerse con un escaño. Esta pirueta política ejemplifica la complicada situación judicial de la tercera ciudad de Galicia.

 La corrupción ha salpicado a nueve de los 12 miembros del gobierno bipartito que se hizo con el Ayuntamiento en 2007. El actual alcalde socialista acaba de ser imputado. Su predecesor, Francisco Rodríguez, permanece imputado por cohecho, prevaricación o blanqueo de capitales en la Operación Pokémon. Las dos tenientes de alcalde también están encausadas. A Marga Martín, pendiente de si un juez decide su procesamiento, está acusada de malversación y estafa de 600.000 euros en la gestión del servicio de ayuda a domicilio. A Áurea Soto la justicia la mantiene imputada por prevaricación o malversación en cinco causas diferentes. Por ejemplo, por conceder una licencia ilegal o por contratar asistencias técnicas externas.

Dos de los tres extenientes de alcalde del BNG imputados ahora (Alexandre Sánchez Vidal y Andrés García Mata) fueron previamente juzgados por la concesión millonaria de unas pantallas electrónicas públicas. Dimitieron y luego fueron absueltos. Fernando Varela, también nacionalista, es otro de los implicados en la trama Pokémon. Y en este salpicón de imputaciones, la secretaria de organización del PSdeG, Pilar Cancela, aseguró ayer que aplicarán "con “rigor y sin ningún tipo de dudas” la norma interna que obliga a dimitir a los cargos con orden de procesamiento. “No habrá ningún militante que se vea sometido a medidas cautelares o a juicio oral y siga siendo del PSdeG”, insistió.