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El juzgado llama a declarar a los okupas de un bloque de pisos de Alcobendas

Las numerosas actuaciones de la Policía han llevado al juzgado a iniciar el proceso judicial Los vecinos aseguran que los okupas siguen irrumpiendo en los pisos que están vacíos

Fachada del edificio ocupado en la calle Fernando Largo Caballero
Fachada del edificio ocupado en la calle Fernando Largo CaballeroGorka Lejarcegi

Un ápice de esperanza para los vecinos del número 26 de la calle de Francisco Largo Caballero, en Alcobendas. Desde que el pasado mes de agosto un grupo de okupas comenzó a apropiarse del edificio, la Policía Local y los servicios de salud y urbanismo municipales han tenido que trasladarse múltiples veces hasta el bloque, alertados por las llamadas de los pocos moradores que aún viven allí de manera legal. Estas actuaciones se han notificado al Juzgado número 4 de la localidad (112.000 habitantes), que ha decidido iniciar un proceso judicial y llamado a declarar en calidad de imputados a los okupas. Hasta ahora se han entregado 24 notificaciones.

"Puede ser el primer paso de la solución, pero en cualquier caso llega siete meses tarde. A día de hoy estas personas siguen ocupando pisos, a su aire y sin ningún pavor. Tenemos miedo, y ni el Ayuntamiento ni la empresa propietaria del edificio nos dan soluciones", sostiene J.M., uno de los residentes.

Los vecinos de Francisco Largo Caballero no viven en paz desde que el pasado agosto un grupo de personas entró en una vivienda vacía del edificio, propiedad de Viviendas Acogidas SA. Consigo trajeron, aseguran, el negocio ilegal de venta y alquiler de pisos, el tráfico de drogas y los robos. Poco a poco se han ido apropiando del edificio, hasta el punto de que, de las 64 viviendas, la mitad están habitadas de manera ilegal. El destrozo de las zonas comunes, la suciedad y la manipulación de los contadores y el cableado eléctrico están también, desde entonces, a la orden del día. La desagradable situación ha empujado a varios residentes a abandonar su casa.

Aunque los vecinos han solicitado ayuda al Ayuntamiento en varias ocasiones, el Consistorio se escuda en que solo un juez tiene poder para ordenar el desalojo de las familias que viven ilegalmente en el edificio, algo que, como ha recordado el teniente de alcalde de la localidad, Ramón Cubián, solo se puede conseguir con una "orden judicial que debe emanar de la denuncia de los propietarios del edifico".

"Nos alegramos de que la justifica haya decidido actuar en este asunto, algo que el Ayuntaiento no ha hecho en los últimos siete meses, dejando a los vecinos a su suerte", ha manifestado el portavoz del PSOE en la localidad, Rafael Sánchez Acera.

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