La Junta pide una fianza de ocho millones para Zoilo Ruiz-Mateos
El hijo del fundador de Rumasa niega conocer al "conseguidor" de los ERE o los pagos en B
La familia Ruiz-Mateos volvió a ser protagonista este miércoles en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que se encarga de investigar el caso de los ERE fraudulentos. El empresario José María Ruiz-Mateos, fundador del grupo Rumasa, estaba citado a declarar como imputado. Pero, como había anunciado, no acudió.
Quien sí declaró fue uno de sus hijos, Zoilo Ruiz-Mateos, que fue imputado este miércoles por la magistrada de dos presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Tras su declaración, la acusación que ejerce la Junta de Andalucía en este caso solicitó una fianza de responsabilidad civil de 8,5 millones de euros para él. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, no pidió medida cautelar alguna.
Abogados personados en el procedimiento señalaron a Europa Press que, durante su declaración, el imputado aseguró que desconocía los detalles relacionados con los ERE de las empresas del grupo Nueva Rumasa, pues “todo lo llevaba” su padre y él, como abogado, se dedicaba a coordinar los litigios contra el Estado por la expropiación de la antigua Rumasa. En esta misma línea, de desentenderse de la gestión de los ERE, también se pronunciaron ante la magistrada otros dos hijos del empresario, Javier y Pablo, que declararon a finales de enero en el juzgado.
Zoilo Ruiz-Mateos también aseguró este miércoles que no conoce al conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas así como que se realizaran pagos en metálico o en dinero b al mismo. Además, rechazó que fuera consciente de que algún intruso fuera incluido en un ERE de algunas de las sociedades de su grupo empresarial.
Uno de esos ERE en los que supuestamente se colaron intrusos fue en el del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), que era propiedad de los Ruiz-Mateos. Alaya tomó este miércoles declaración a José Antonio Cuevas, uno de los dos supuestos intrusos en este ERE. La magistrada le imputó delitos de malversación, tráfico de influencias y obtención ilegal de subvenciones. La juez considera que Cuevas, que trabajó en Viajes Marbesol y Autos Marbesol, fue contratado para el Hotel Cervantes “con el único fin de ser introducido en el ERE” cinco meses antes de que se presentara.
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