Una plaga de empresas ficticias

La caja de Pandora se abrió en junio de 2013. Entonces la Guardia Civil destapó una trama dedicada a abrir empresas ficticias en Jerez y la sierra de Cádiz para facilitar el cobro de subsidios de desempleo y otras ayudas de manera ilegal. Como los cabecillas de aquella red, otros muchos emprendieron similares métodos para blanquear dinero, pagar menos a Hacienda o acceder a subvenciones. Los cuerpos de seguridad y las inspecciones de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social han corroborado que esa caja era bastante profunda. Han aflorado 1.247 casos, el 38% de ellos en la provincia de Cádiz.

La Operación Picones sigue enmarañada en los juzgados. Hace 10 meses los hermanos Picón fueron detenidos como supuestos responsables de montar empresas falsas y organizar los cobros de sus supuestos trabajadores. Previamente varias personas habían denunciado a la Guardia Civil de Ubrique que les habían ofrecido beneficios económicos de unas compañías que, en realidad, aunque sí existían sobre el papel, nunca funcionaron. La mayoría estaban dedicadas a la construcción. Lo más llamativo, un bar sin sede física que llegó a contratar a 35 camareros. Entonces se detuvo 91 personas y se llegó a imputar a más de 200, que siguen esperando el avance de la instrucción.

En Cádiz se intensificó el pasado año la comisión provincial antifraude, creada en 2011, para perseguir este tipo de actividades ilícitas. Fruto de esta labor, donde han aunado sus esfuerzos las Administraciones, la fiscalía y los cuerpos de Seguridad, se han conseguido levantar 476 infracciones por empresas ficticias. Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, se ha conseguido recuperar así 2.642.319 euros cobrados irregularmente.

Lo más llamativo es que ese dato, las 476 empresas falsas detectadas en Cádiz, supone un incremento del 800% con respecto a las 55 descubiertas en 2012. También en el resto de la comunidad este tipo de prácticas han aflorado de forma de considerable. De las 4.962 inspecciones realizadas, se consiguieron detectar 1.247 empresas ficticias, frente a las 390 de 2012. Es decir, las firmas intervenidas se han triplicado. Durante el pasado año se localizaron 5.537 altas ficticias de empleados, con el objetivo de recibir prestaciones de la Seguridad Social o permisos para trabajar. La Tesorería General de la Seguridad Social anuló en 2013 un 113% más de altas que el año anterior.

Un bar sin sede física llegó a contratar a 35 camareros. Hubo 91 personas detenidas

“Buscan una apariencia de legalidad para dar cobertura a unas personas que no han conseguido los derechos para recibir prestaciones”, ha explicado el jefe de la Inspección de Trabajo de Andalucía, Víctor de los Santos. Según sus datos, el año pasado se investigó en Andalucía a 9.013 perceptores de ayudas. Un tercio de ellos, 3.019, recibía ese dinero sin merecerlo. La lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo ha generado un 47% más de infracciones detectadas. Y ha aumentado un 39% el número de parados descubiertos cobrando el desempleo y realizando otra actividad. El Gobierno destaca que ha podido liquidar 187 millones de euros tras destapar fraudes en la cotización a la Seguridad Social. La última cifra aportada por la delegada Carmen Crespo apuntaba a la existencia de 40.500 millones ocultos en el fraude y la economía sumergida en Andalucía, de ahí que haya anunciado más fondos para esta causa.

La lucha será especial en Cádiz, al ser la provincia con más casos. “Las empresas ficticias se han convertido en una moda”, aseguró el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre. No es que el fraude sea nuevo, pero sí este método de utilizar sociedades ficticias de una manera generalizada.

A la Operación Picones le ha seguido a principios de este año la Operación Relisto, bajo el amparo judicial de un juzgado de Cádiz, que permitió destapar una red dedicada a elaborar contratos falsos a cambio de dinero. Para ello surgían empresas falsas que empleaban a todo tipo de personas: desempleados, toxicómanos, presos… Su punto en común es que necesitaban un trabajo para optar a permisos de libertad o prestaciones de desempleo. La cifra de implicados supera los 500 en una veintena de provincias. Cuando en junio de 2013 la Guardia Civil dio a conocer la Operación Picones ya avisó de que se destapaba la caja de Pandora. Casi un año después sigue muy abierta.