La dirección de RTVV aduce que la causa de extinción es la ley aprobada por el PP

La dirección de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) afirmó ayer que la causa que motiva el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la extinción de los contratos proviene de la aplicación de ley de Les Corts, aprobada por los votos mayoritarios del PP valenciano, que suprimió el servicio de RTVV, en un contexto de "evidente situación económica negativa". El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, siempre ha justificado el cierre de RTVV por la imposibilidad de afrontar los gastos derivados de reincorporar al millar de despedidos, tras la declaración de nulidad del primer ERE por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano.   

La mesa negociadora del nuevo ERE de extinción de RTVV mantuvo en el centro de producción de programas de Burjassot (Valencia) su segunda reunión, después de que el pasado 21 de febrero comenzaran las negociaciones entre representantes de los trabajadores y la comisión liquidadora. Por parte de la empresa, es la consultora KPMG la encargada de las negociaciones.

Los sindicatos CC OO e Intersindical, sin embargo, mostraron su perplejidad por que la empresa no ha explicado el contenido de la memoria presentada para justificar el ERE, ni tampoco ha querido "aclarar si existen causas económicas", según una nota del primero. Intersindical añade que la falta de razones llega hasta "el extremo de que la memoria del ERE dice cosas tan incomprensibles como que las causas económicas son una causa 'remota". 

El próximo viernes se celebrará una nueva reunión de la mesa, donde se explorarán las condiciones económicas que concurren en el ERE.

El comité de empresa ha vuelto a pedir información sobre la inviabilidad económica de la empresa y un informe de la Generalitat que justifique esta situación, pues consideran que RTVV SAU es viable y que es "más barato" garantizarla que cerrarla.

Retirada de las denuncias por ocupación del plató

Además, desde RTVV se trasladó este miércoles a los representantes de los trabajadores que la empresa se retirará de todos los juicios planteados por la ocupación del plató de Canal 9 el 16 de julio de 2012 en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) propuesto por la dirección para un máximo de 1.295 trabajadores (al final, fue de un millar), que finalmente fue declarado nulo.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de ambas partes, esta decisión se produce después de que UGT haya ganado un recurso contra la empresa por la sanción de empleo y sueldo a raíz de esa acción, como posteriormente señaló el propio sindicato.