Fiscales reclaman una “regeneración moral” a los partidos tras la Pokémon

La cascada de procesos judiciales que están destapando casos de presunta corrupción política en Galicia (y otros que todavía no han asomado de los legajos secretos o confidenciales) ha abierto el debate sobre dónde están los límites entre el reproche penal y el ético a los imputados, expuestos al escrutinio público sin una sentencia. En pleno retardo de la Operación Pokémon, la reciente Operación Patos y otras de menos repercusión mediática, las declaraciones del fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, pidiendo a los políticos que no se amparen en la presunción de inocencia para no actuar, han levantado ampollas. Otros fiscales especializados en corrupción opinan que es necesaria una regeneración política y que los casos ya judicializados marcan un punto de inflexión para exigir un mayor control y transparencia de las Administraciones. Varela y una mayoría de voces autorizadas dentro de la judicatura reclaman una Fiscalía Anticorrupción para Galicia, una de las pocas comunidades donde los fiscales y jueces no tienen dedicación exclusiva.

El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, cree que no le corresponde a la justicia entrar en el “juego político” ni decidir cuándo un cargo público tiene que hacer las maletas pero cree que hay que poner límites. “El país necesita una reconversión moral pero también empezando por respetar los tiempos de la justicia. Yo si acuso tengo que tirar la llave y ni me convencen indultos ni nada parecido. Pero no puedo hacer una imputación genérica para que luego llegue un tribunal y diga lo contrario. ¿Quién reconduce entonces la vida de estas personas que tienen familia e hijo?”, advierte Aladro. El fiscal de Pontevedra elude “hablar de la moralidad de nadie” pero subraya que el papel del ministerio público “no es colocar delante de los caballos a la gente según entra en los juzgados”: “Yo me fío más de lo que sale que de lo que entra. No podemos hacer una imputación genérica de los políticos”.

Augusto Santaló, fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra, opina que “la corrupción es un fenómeno bastante generalizado por el número de casos y la relación directa con las distintas Administraciones”, por lo que se requieren más medios humanos para combatirla. Comparte la opinión de que se ha instalado un sistema partitocrático que ha entrado en crisis, en el que la falta de transparencia de las Administraciones y personas no muy cualificadas hacen de la política una profesión con muchas prebendas. “La impresión es que el dinero público tiene poco control en los ámbitos administrativos y tiene que haberlo en la concesión de subvenciones, de la contratación pública, una supervisión administrativa por funcionarios independientes y competentes. Esto es fundamental; si no, no saldremos del atolladero”, afirma. Santaló aboga por una “regeneración moral de los partidos”, ya que percibe “una gran preocupación” en la ciudadanía y también en los cuerpos y fuerzas de seguridad, en los tribunales y en las fiscalías, que “han entendido que estos comportamientos afectan muy seriamente al sistema democrático”.

Lo que antes era una norma en las Administraciones ahora es delito. Santaló aprecia un punto de inflexión porque la gente quiere saber dónde se gasta el último euro. “Desde los tribunales creo que debemos hacer una función de limpieza sustancial y yo sigo solicitando que se creen grupos de fiscales, incluso juzgados, para esta materia”. El fiscal reclama también prevención: “O existen controles propios dentro de los marcos administrativos o los tribunales se verán desbordados”. En términos similares se pronuncia el fiscal de Santiago, Álvaro García Ortiz, experto en delitos urbanísticos. Como presidente de la Asociación Progresista de Fiscales opina que queda mucho que investigar: “En los juzgados no podemos hacer política y los tiempos de la justicia no son los mismos. Resulta indeseable la carga que está recayendo sobre los jueces porque no son los árbitros de la vida pública sino la sociedad”. García Ortiz insiste en que el “reproche penal es diferente al ético”. “Los hechos son muchos, están ahí, y los límites los tienen que poner los políticos”, insiste el fiscal. “Hay gente muy honrada y con vocación en la clase política y el que no lo sea, que se vaya antes de que lo pille un tribunal. Y los que están ahí para enriquecerse también. Esto tiene un efecto preventivo”. En su opinión el mejor control anticorrupción es la transparencia en la Administración. “Poner en marcha instrumentos de publicidad para adjudicaciones, licencias, subvenciones, contratos; poner el foco en los órganos de decisión donde hay entramados difíciles de deshacer y no es tan complicado corregirlos y prevenirlos”, propone.