El PP rechaza investigar en las Cortes la gestión privada de la sanidad

El PP ha rechazado este jueves en las Cortes la creación de dos comisiones de investigación relativas al proceso de externalización de sanidad y otra para conocer el coste de gestión sanitaria en manos privadas. Desde la oposición han acusado al Consell y a los populares de "esconder" el coste de la sanidad privada frente a la pública y de ser "cómplices del saqueo" de las arcas de la Generalitat a través de la concesión de este servicio.

La sesión matutina del jueves en el pleno ordinario de las Cortes se ha destinado al debate de las peticiones de creación de comisiones de investigación por parte de la oposición, y no ha tenido lugar la habitual sesión de control al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. El portavoz popular, Jorge Bellver, justificó en su día que este tipo de iniciativas tienen prioridad frente a otras en el orden del día.

Desde las filas del PP se ha defendido la gestión sanitaria del Consell y se han marcado las distancias con el proyecto fracasado de privatización de la Comunidad de Madrid.

El portavoz de sanidad del PSPV, Ignacio Subías, se ha basado en el Informe Nacional de Competencia para denunciar un proceso que "supone ceder la gestión a empresas con ánimo de lucro convirtiéndola en un negocio". En este sentido, ha cuestionado el procedimiento licitador porque, entre otros puntos, da 45 días para presentar ofertas, lo cual es "imposible", salvo "si hay información previa". Y eso "tiene un nombre: prevaricación", ha sostenido.

La popular Nieves Martínez, que ha apuntado que la colaboración público-privada "no la ha inventado el PP", ha marcado tres diferencias con el proyecto privatizador de la Comunidad de Madrid: en Valencia se implantó en zonas donde se reclamaba la creación de un centro sanitario para rebajar la presión asistencial; incluye la atención primaria y la consejería mantiene la capacidad de control, dirección e inspección del servicio, ha explicado.

En relación a la comisión de investigación por el pago por la tarjeta sanitaria a las empresas concesionarias de los hospitales, la diputada de la coalición Compromís Mireia Mollà ha destacado que los valencianos desconocen el coste "objetivo" de la gestión sanitaria en manos privadas y la eficiencia de este servicio frente a la sanidad pública. En este sentido, ha acusado al Consell y al PP de "esconder" el coste de la sanidad de concesión privada frente a la pública.

Mollà ha reclamado la comisión para conocer si se ha producido "fraude" con tarjetas sanitarias "falsas" con las que se facturó cerca de 18,5 millones anuales por parte de los centros de gestión privada.

La diputada de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) Marina Albiol ha acusado al Consell de ser "cómplices del saqueo de las arcas públicas" por medio de la sanidad valenciana. Ha recordado, además, que la privatización del servicio de resonancias supone un sobrecoste del 137%; un dato que se puede extrapolar a la sanidad privada.

En su réplica a la oposición, el diputado del PP Vicente Soria ha sostenido que la petición de comisión solo tiene como objetivo "denigrar, sembrar dudas y poner en cuestión la política sanitaria" de la Generalitat. "No hacen falta comisiones de investigación para saber que Compromís y la izquierda no quiere la gestión sanitaria por medio de concesiones" pero "para cambiar eso hacen falta votos y escaños y eso, hoy por hoy no lo tienen", ha señalado.

Soria ha afirmado que las cláusulas de los contratos con las concesiones sanitarias "son claros y avalados" por la Abogacía de la Generalitat y que los datos de las tarjetas sanitarias expedidas por cada departamento de salud "reflejan que no se ha producido aumento de las asignadas a las concesionarias en detrimento de las expedidas en los departamentos gestionados de forma pública".

Agua y Progreso

Por otro lado, el PP ha rechazado la propuesta presentada por el PSPV para crear una comisión de investigación que aclare el uso que la Fundación Agua y Progreso ha dado a las subvenciones recibidas por la Generalitat entre 2005 y 2012 que, según el diputado socialista Francesc Signes, ascienden a 7,2 millones de euros.

Signes ha asegurado que hay muchos "interrogantes" sobre esta fundación, que aunque nació como entidad de naturaleza privada, "ha estado controlada por el PP y mantenida desde el primer momento, de forma prácticamente exclusiva, con fondos públicos de la Generalitat para servir de plataforma al PP en su particular e ideológica guerra del agua contra el Gobierno socialista".

Asimismo, ha asegurado que "2004 es el año en que se introdujo la trama Gürtel en la fundación". Signes ha afirmado que si no reciben la información sobre Agua y Progreso, interpondrán un recurso contencioso administrativo "por vulneración de derechos fundamentales".

El diputado del PP Andrés Ballester ha tildado de "absurda" la petición de esta comisión de investigación y ha explicado que la fundación se encuentra en su fase final de liquidación y que no ha tenido "ninguna irregularidad". Asimismo, ha acusado a los socialistas de "querer cargarse el trasvase Tajo-Segura". Ballester considera que el de esta semana es un "pleno vintage, con temas debatidos y resueltos" y ha ironizado diciendo que "cualquier día" la oposición pedirá una comisión sobre "la muerte de lady Di".