Alaya embarga el restaurante Río Grande para cubrir la fianza de su propietaria

La magistrada que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha decretado el embargo del restaurante Río Grande de Sevilla para cubrir la fianza de responsabilidad civil impuesta a su dueña Carmen García, imputada en el caso, informa Efe. En un decreto de su secretaria, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla recuerda que la propietaria del restaurante, ubicado en la calle Betis de la capital, incluyó dos intrusos (personas ajenas a las compañías beneficiadas) en el ERE de su empresa, en el que se prejubilaron 13 personas.

Mercedes Alaya impuso una fianza civil a Carmen García de 1.990.689 euros al hacerla responsable del total de la prima abonada por la Junta para el expediente de regulación de empleo y no solo de la inclusión de los dos intrusos. Entre ellos, se encontraba Carmen Fontela, quien supuestamente percibió una póliza de 140.000 euros. Esta orden se conoce un día después de que la juez decretara también el embargo de un inmueble de Comisiones Obreras para cubrir los 471.352 euros de la fianza impuesta al ex secretario general de la Federación de Industrias en Andalucía Manuel Roberto Carmona Soto y de dos vehículos de Juan Lanzas, el exsindicalista considerado como conseguidor de los ERE, cuya fianza asciende a 38.074.630 euros.

Otros bienes

Ante la falta de designación de bienes por Carmen García para hacer frente a dicha cantidad, el juzgado ha acordado el embargo del solar de la dársena del puerto de Sevilla donde se ubica el local y otra finca situada en la calle Betis. Todo ello, según el juzgado, “sin perjuicio de que por la imputada se puedan designar nuevos bienes sobre los que trabar embargo”. Además, se ha embargado un apartamento propiedad de la empresaria en Arévalo (Ávila).

El restaurante Río Grande y el domicilio de Carmen García fueron dos de los puntos registrados el pasado octubre en el marco de la segunda fase de la Operación Heracles, que investiga el destino final del dinero pagado por la Junta en sobrecomisiones a los intermediarios de los ERE. La juez Alaya acusa tanto al restaurante como a la empresa Nexprom de haber financiado el entramado empresarial creado por Juan Lanzas, que amasó hasta 13 millones procedentes de las sobrecomisiones, según la investigación.