El Parlamento hablará de paz a puerta cerrada

Si los grupos parlamentarios tienen serios problemas para acudir a un foro a puerta cerrada para debatir sobre el final de ETA, la paz y la convivencia —en público lo hacen semanalmente— que lleve el nombre de ponencia de paz, este viernes se ha creado otro, igualmente alejado de los focos, que aglutinará a todos ellos para tratar esos mismos temas, aunque esta vez con un objetivo muy concreto: aprobar una ley que dé sustento normativo a la creación del Instituto de la Memoria y la Convivencia.

La Comisión de Derechos Humanos designó ayer a las personas que participarán en la ponencia. Y son precisamente representantes que, en su mayoría, participaron —o aún participan, como los parlamentarios de EH Bildu y PNV, aunque con nulos efectos prácticos— en la ponencia de paz. Son Iñigo Iturrate, del PNV, con Amaia Arregi como suplente; Laura Mintegi, de EH Bildu, con Julen Arzuaga como sustituto; el socialista Rodolfo Ares, con Mikel Unzalu si debe relevarle; Carmelo Barrio, del PP, y Gorka Maneiro, de UPyD.

En el grupo participará también la presidenta de la comisión del área, la peneuvista Maribel Vaquero. El PNV mantiene cierta esperanza de que aquello que no se trata en la ponencia de paz sea lo que, al final, se ponga sobre la mesa de la otra ponencia con el pretexto de elaborar la ley. La iniciativa parte de un texto consensuado por PNV y PSE sobre una iniciativa de ambos partidos, Ezker Anitza y tres de los cuatro parlamentarios de Aralar durante la pasada legislatura.

En el debate previo en el pleno, EH Bildu también respaldó que la propuesta se trabajase en el Parlamento. PP y UPyD lo rechazaron, pero sus votos resultaron insuficientes para echar atrás la iniciativa legislativa. Tras revisar los plazos iniciales, el Ejecutivo quiere que la ley se apruebe antes de finales de junio para poder así trabajar en la constitución del centro durante el resto del año.

Previamente, la ley que respalda el centro tendrá que pasar por la ponencia para analizar las 21 enmiendas de EH Bildu y las 64 del PP, la Comisión de Derechos Humanos y, finalmente, el pleno. La exposición de motivos cita cuatro “experiencias traumáticas marcadas por la violencia —la Guerra Civil, la dictadura franquista, ETA y los “contraterrorismos ilícitos”— y la necesidad de “preservar la memoria del sufrimiento injusto padecido”, “sin equiparar” entre las causas y sin “reescribir una historia de legitimación de ninguna forma de terrorismo, violencia o conculcación de derechos humanos”. La iniciativa plantea que el instituto “canalice” las distintas “memorias que conviven” y ayude a “disolver la separación” entre víctimas y ciudadanía.