Madrid supo de los abusos sexuales a una alumna y no denunció

La Comunidad de Madrid atendió durante un año a una de las menores que supuestamente fue agredida por el profesor de Música y Filosofía del centro concertado Valdeluz Agustinos, en Madrid, Andrés Díez Díez. La Consejería de Asuntos Sociales aseguró en su informe final que había verosimilitud en los abusos sexuales que decía haber sufrido la joven y los trabajadores del servicio de intervención en abuso sexual infantil recomendaron a los padres que denunciara los hechos. Los padres no lo hicieron y la Comunidad tampoco acudió a la Fiscalía para poner en conocimiento lo que había ocurrido. Una portavoz del Gobierno regional asegura que el Código Penal se lo impide al tratarse de un delito semiprivado (contra la libertad y la integridad sexual), cuya denuncia solo le corresponde a los progenitores de la menor. Fuentes de la Fiscalía del Estado consultadas por este periódico lo negaron ayer y apelaron a la máxima protección de la joven. Aseguraron que se podrían haber evitado más agresiones en el centro Valdeluz. Hay alrededor de una decena de denuncias.

Según confirmaron fuentes policiales, la menor tenía 17 años cuando acudió en enero de 2007 con sus padres al Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil, dependiente del Instituto del Menor y de la Familia y la Consejería de Asuntos Sociales. Los especialistas de este servicio la atendieron hasta febrero de 2008, cuando emitieron un informe. Destacaron que la menor (que ahora tiene 24 años) sí sufrió abusos sexuales, supuestamente, por parte de Andrés Díez Díez. En ese caso, los técnicos le explicaron que podía denunciar el caso.

A partir de ahí, se abre un debate en el que los especialistas en menores y en Derecho Penal no se ponen de acuerdo. Según fuentes de la Fiscalía del Estado, la Comunidad de Madrid podría haber informado al responsable de menores del Ministerio Público para que investigara lo que ocurría en el colegio. “Al pasar estos datos se está poniendo sobre aviso a la autoridad para que investigue si es el único caso o, al revés, hay más víctimas”, reconocen fuentes de la Fiscalía.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, defendió ayer la opinión contraria. Afirmó que los abusos sexuales entran dentro de los llamados delitos semiprivados, que recoge el artículo 191 del Código Penal. Este recoge que “para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal”. Según este precepto legal, solo la propia víctima o los tutores legales pueden denunciar. “Si los padres no denunciaron, la Comunidad de Madrid no podía acudir a la Fiscalía”, sentenció Moix.

Un catedrático de Derecho Penal, que prefirió permanecer en el anonimato, se basó precisamente en el citado artículo 191 del Código Penal para defender justo la tesis contraria: “El fiscal pudo recibir una simple información de todo lo que ocurría por parte de la Comunidad de Madrid y a partir de ahí ponerse a trabajar sobre el caso. Podría haber intervenido sin ningún problema”. Este catedrático puso como ejemplo al médico que atiende a una mujer víctima de malos tratos o de violación.

Fuentes de la Comunidad de Madrid destacaron que el centro de intervención es “un servicio de ayuda y apoyo psicológico y de orientación jurídica”, entre cuyas funciones no está el acudir a la fiscalía en caso de que se encuentren con la eventual comisión de un delito. Según una portavoz, este organismo siempre aconseja acudir a los tribunales. “La Comunidad solo puede denunciar cuando los abusos que sufre el menor los cometen los propios padres o la víctima se encuentra en desamparo. En ese caso se apresura a hacerlo para defender al menor”.

La fiscalía regional insiste en que los trabajadores no podían dar cuenta

El que fue durante años fiscal de Menores, Félix Pantoja, conoce bien el artículo del Código Penal que mencionan en la Comunidad, pero también cita el 158 del Código Civil “que obliga a actuar a cualquier persona que conoce la comisión de un delito” y la Ley de Protección Jurídica del Menor, “que dice que el interés de estos prevalece ante cualquier otro que pueda concurrir”, afirma. Opina que debieron informar de la situación al fiscal, que habría sabido actuar con las cautelas suficientes para proteger a la chica y a otras posibles víctimas que pudiera haber en el colegio. “Creo que la Comunidad debió denunciar. Claro que las cosas tienen consecuencias, pero no haber denunciado también las ha podido tener”, afirma.

Mientras, Andrés Díez Díez ingresó en prisión provisional preventiva y sin fianza ayer por la tarde, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, Hermenegildo Barrera Aguirre, decretara esta medida cautelar. Su declaración comenzó a las 11.30 de la mañana en el juzgado de guardia de la plaza de Castilla y se prolongó hasta las 14.30. La gravedad de los delitos y su reincidencia a lo largo de ocho años son dos puntos en los que se ha basado el magistrado, según fuentes judiciales.

“El interés del menor prevalece ante cualquier otro”, asegura Pantoja

La policía continúa con las investigaciones para ver si hay más víctimas de este profesor, al que se le acusa de haber agredido sexualmente tanto en el centro de estudios Valdeluz como en la escuela de música Melodía Siglo XXI, que regenta en un local contiguo al colegio.

Esta decisión judicial llega prácticamente a la vez que la dimisión presentada por el director del colegio, Eustaquio Iglesias, y el jefe de estudios, Juan José de Cossío, ambos religiosos, según informó el Valdeluz ayer en un comunicado. “La renuncia ha sido aceptada por el consejo provincial de los agustinos”, relata el escrito. “Se está procediendo a investigar internamente el alcance de los hechos con el objeto de establecer las medidas oportunas con la mayor transparencia”, añade el comunicado.