La fiscalía investiga una doble contabilidad en el Circuito de Jerez
El Ministerio Público analiza si durante 15 años se ocultó una parte sustancial de la venta de las entradas
La Fiscalía de Cádiz ha puesto la lupa en el Circuito de Jerez. Investiga si entre 1996 y 2011 los gestores privados del trazado de velocidad llevaron una doble contabilidad para declarar menos ingresos a Hacienda. Desde hace meses, la fiscalía, el Cuerpo Nacional de Policía y Agencia Tributaria escudriñan la documentación remitida por el Ayuntamiento, que asumió la explotación de la pista en 2012 tras dar por finiquitado el acuerdo rubricado con la empresa Gestión Circuito de Jerez, cuyos responsables eran José Ramón García y Carmelo Ezpeleta, actual director ejecutivo de Dorna.
A pocos ha sorprendido la investigación. Agentes políticos, económicos y sociales de Jerez han mostrado su perplejidad, siempre en privado, por el alto nivel de vida que llevaba uno de los gestores de una sociedad que año tras año declaraba pérdidas.
Doble contabilidad
La fiscalía sospecha que pudo existir una doble contabilidad. Es decir, se analiza si durante 15 años se ocultó una parte sustancial de la venta de las entradas de las grandes competiciones celebradas en el trazado, como el Gran Premio de España de Motociclismo, con el fin de declarar menos dinero al fisco. No era complicado desviar parte de estos ingresos. El circuito cuenta con una zona de gradas con asientos y un área de monte, denominada pelousse, en la que es imposible determinar exactamente las personas que acceden.
La sociedad pública Circuito de Jerez SA (Cirjesa) ha arrojado beneficios por primera vez en su historia en 2012, justo el ejercicio en el que el gobierno local de Jerez (PP) municipalizó la sociedad. En manos públicas, el trazado pasó de unas pérdidas de seis millones en 2011 a un resultado positivo de 600.000 euros en 2012. Hay más comparativas. Si en 2011 los gestores privados presentaron unos ingresos de explotación de 670.000 euros, en 2012 fueron de 3,3 millones. La situación económica de la sociedad llegó a ser tan precaria que el circuito entró en concurso de acreedores en septiembre de 2011.
La titularidad del trazado andaluz está repartida entre el Ayuntamiento (65%) y la Junta (35%). La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, y el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, han mostrado su disposición a colaborar con la Justicia para conocer “cómo afectan los hechos al dinero público”.
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